En lo inmediato y en momentos en que el país enfrenta una recesión económica, las alianzas público privadas (APP) se convierten en un instrumento clave para reactivar la economía, asegura el economista Julio Lozano.
Pueden hacerlo, según su punto de vista, a través de inversiones en infraestructura, ligadas a la construcción, que es un sector que genera fuertes encadenamientos con el resto de las actividades económicas.
Explica que de acuerdo a la ley, una APP es un mecanismo por el cual agentes públicos y privados, suscriben voluntariamente un contrato de largo plazo, como consecuencia de un proceso competitivo, para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social, en el que existe inversión total o parcial por parte de agentes privados, aportes tangibles o intangibles por parte del sector público, distribución de riesgos entre ambas partes, y la remuneración está asociada al desempeño, conforme a los establecido en el contrato.
Lozano, en un artículo publicado en el Boletín 44 de la Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana (ABA), titulado “Ley de alianzas público privadas (APP): un camino hacia el desarrollo”, recordó que fue el 20 de febrero del presente año, cuando el ex presidente de la República, Danilo Medina, promulgó la Ley 47-20.
Y agregó que “el día primero de septiembre, el recién electo presidente Luis Abinader emitió el decreto 434-20, que aprobó y puso en vigencia el Reglamento para la aplicación de dicha ley”.
El economista explica que –según la experiencia internacional- las APP han sido un instrumento eficaz para lograr un financiamiento privado en infraestructura y servicios públicos. “En este sentido, entre los principales beneficios de las APP, la literatura económica identifica: ayuda a enfrentar las restricciones fiscales que enfrentan los gobiernos, y que limita su capacidad para realizar grandes inversiones en infraestructura pública; la existencia de contratos de largo plazo, con detallados estándares y garantiza infraestructuras y provisión de servicios públicos de alta calidad”.
Dijo que las APP facilitan el proceso de identificación y priorización de los proyectos de infraestructura y provisión de servicios públicos que el país necesita, además de ayudar a acelerar los procesos de obtención de permisos y tramitología. “Los proyectos ejecutados a través de una APP, por lo general, están menos expuestos al ciclo político y, por ende, tienen una mayor probabilidad de concretarse con éxito y sin mayores desviaciones de los cronogramas originalmente establecidos”, apuntó.
Desde la óptima del experto en economía, para República Dominicana, la entrada en vigor de los instrumentos jurídicos que permiten la puesta en marcha de las APP, es algo que reviste la máxima importancia. En el largo plazo –según él- porque permitirá al país ir cerrando, de manera gradual, pero continua, el déficit en infraestructuras que limitan la competitividad nacional y, porque permitirá a buena parte de la población un mayor acceso a servicios públicos de calidad, contribuyendo en muchos casos a superar situaciones de pobreza.
“El poco tiempo transcurrido entre la aprobación de la ley y su respectivo reglamento, y el hecho que, la puesta en vigencia de dichos instrumentos se haya dado a menos de un mes de la toma de posesión de las nuevas autoridades, pone de manifiesto que la Ley de Alianzas Público Privadas, es un tema del máximo interés nacional, que trasciende fronteras políticas e ideológicas”, sostiene Lozano en su artículo de la Boletín de la ABA.
En naciones de América, como Perú, Colombia, Panamá y Chile el modelo de alianzas público-privadas (APP) vienen caminando hace tiempo y ha hecho posible el desarrollo de proyectos y sectores, a tal nivel que de no producirse esa sinergia, posiblemente habría sido muy difícil llevar estos al terreno de lo realizable. En Colombia, por ejemplo, ha funcionado en la construcción de carreteras, en Panamá en la del Metro y en Perú en proyectos de impacto social.
Distintos organismos estuvieron por años trabajando y abogando para que República Dominicana tuviera una ley de APP. Entre ellos estuvo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de su representación local, organismo que en 2019 organizó y trajo al país el “PPPAméricas”, el foro de discusión más importante de América Latina y el Caribe en materia de Asociaciones Público-Privadas.
Para entonces, asistieron alrededor de 450 personas involucrados en el desarrollo de APPs en la región latinoamericana.
Entre los temas principales abordados para entonces estuvieron el de innovación financiera, los elementos necesarios para el desarrollo de un pipeline exitoso de proyectos, la perspectiva pública y privada en estructuración de proyectos, la asignación de riesgos eficientes y los instrumentos de mitigación de riesgo para el sector privado. También se trató sobre las buenas prácticas de gestión y administración de contratos y se vieron casos prácticos de provisión de servicios de infraestructura a través de APP.
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