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 Corea del Norte y Rusia firmaron hoy un acuerdo estratégico que incluye la asistencia militar mutua en caso de ataque y articulará su relación, fortalecida al calor de la guerra de Ucrania y la apuesta nuclear de Pionyang y que busca impulsar un nuevo orden multipolar que desafíe la hegemonía estadounidense.

El llamado «Acuerdo Integral de Asociación Estratégica» sustituirá a los tratados diplomáticos firmados entre Moscú y Pionyang en 1961, 2000 y 2001, tal y como adelantó Yuri Ushakov, el asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, en materia de política internacional.

El pacto contempla «la asistencia en caso de que uno de los dos países resulte agredido», según dijo el propio Putin en declaraciones recogidas por la agencia rusa Tass.

La firma del acuerdo se produjo después de que Putin y el líder norcoreano, Kim Jong-un, celebraran primero una cumbre ampliada y luego un cara a cara de dos horas en Pionyang, ciudad que el mandatario ruso ha visitado hoy por primera vez en 24 años, algo que ilustra bien la relación de mutua necesidad que se ha establecido recientemente entre ambos países.

Gran ceremonia de bienvenida

El encuentro vino precedido por una gran ceremonia para recibir a Putin en la icónica plaza Kim Il-sung de la capital norcoreana, engalanada con globos y miles de ciudadanos norcoreanos agitando las banderas de ambos países.

Ushakov dijo que el nuevo documento es necesario por los profundos cambios geopolíticos actuales y aunque aseguró que «no tendrá ningún carácter de confrontación, no estará dirigido contra ningún país y estará encaminado a garantizar estabilidad en Asia Nororiental», Moscú y Pionyang se han encargado de señalar insistentemente estos días las presiones a las que les somete Washington.

En ese sentido, Putin ha afirmado en un editorial publicado por el diario norcoreano Rodong con motivo de su visita que ambos países trabajarán para la creación de un «sistema comercial y de pagos recíprocos» que permita los intercambios eludiendo los circuitos financieros ligados al dólar a los que ambos países tienen vetado el acceso.

Un tratado incómodo

Del mismo modo, el nuevo tratado y su cláusula de defensa mutua sirven de réplica al mayor acercamiento militar por el que han optado EE.UU., Corea del Sur y Japón -todos visiblemente molestos con el viaje de Putin a Pionyang- y no parece alinearse tampoco con los intereses de China, que sigue abogando por la desnuclearización en la península coreana.

A su vez, en un momento en que Moscú ha dejado de apoyar las sanciones de la ONU que castigan a Pionyang (hoy se le regaló a Kim otra limusina Aurus, por si había dudas) y parece estar reconociendo de facto a Corea del Norte como estado nuclear, el acuerdo brinda ciertas garantías de seguridad a un Kim Jong-un que lo ha fiado todo a su programa atómico y que desde 2022 mostró su apoyo a la invasión de Ucrania.

Ambos líderes lo recordaron hoy, con Putin agradeciendo el «apoyo inquebrantable» norcoreano para con «las políticas rusas, incluyendo las referentes a Ucrania» y Kim destacando «la importante misión» de Moscú «en lo que respecta al mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio estratégicos en el mundo» y argumentando que su «operación militar especial en Ucrania» protege la soberanía y seguridad rusas.

¿Más intercambios armamentísticos?

Muchos analistas creen que el viaje de Putin, que tiene previsto volar hoy a Vietnam para una visita de dos días, puede servir para incrementar a su vez los intercambios directos en el plano armamentístico tras un acuerdo en este terreno que Putin y Kim rubricaron en una cumbre el año pasado en la región rusa de Amur.

Según Corea del Sur y las potencias occidentales, Pionyang ha transferido a Moscú en el último año miles de contenedores con armamento -que contendrían millones de proyectiles para piezas de artillería y lanzaderas de misiles- que el Ejército ruso ha empleado en el campo de batalla en Ucrania.

A cambio, hay quienes sostienen que Moscú asesoró al régimen norcoreano para lanzar satélites espía, una acción que también podría suponer una violación de las sanciones de la ONU contra Corea del Norte.

En cualquier caso, con esta visita de Putin, Moscú cimenta un apoyo en su cruzada por acabar con el orden internacional que resultó de la caída de la Unión Soviética y Pionyang ve reforzado su rol como agitador regional, lo que promete generar más quebraderos de cabeza a occidente y sus aliados en Asia nororiental.

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Hace ahora un año que el sumergible Titan implosionó en su ruta hacia el Titanic causando la muerte a cinco personas y aunque siguen sin resolverse cuestiones básicas sobre lo sucedido ya hay en marcha nuevos intentos comerciales para repetir el arriesgado descenso con turistas.

Este lunes, un día antes del primer aniversario del accidente, el Consejo de Seguridad del Transporte de Canadá (TSB en inglés) publicó una actualización de la investigación que efectúa desde hace un año en la que constató que el Titan operó desde 2021 sin "estar registrado o certificado en Canadá o ningún otro país".

A raíz de las pesquisas en marcha, TSB advirtió que ha identificado "otros sumergibles operando en las aguas canadienses y en la zona económica exclusiva del país, tanto antes como después de junio de 2023", que no están registrados con ningún país.

Por ello, a principios de este año la agencia federal avisó al Ministerio de Transportes de Canadá "del riesgo que suponen los sumergibles que operan en las aguas canadienses".

EL RIESGO DE LOS SUMERGIBLES SE MANTIENE

El peligro de los sumergibles no certificados quedó evidente el 18 de junio de 2023 con la tragedia del Titan, el único batiscafo del mundo hecho con fibra de carbono y que en teoría era capaz de sumergirse a 4.000 metros de profundidad.

Ese día, el sumergible inició una inmersión hacia el Titanic con cinco personas a bordo: el millonario empresario paquistaní Shahzada Dawood con su hijo Suleman, estudiante de 19 años; el explorador británico Hamish Harding; el explorador francés Paul-Henri Nargeolet y el consejero delegado de la firma OceanGate, Stockton Rush.

Aproximadamente 1 hora y 45 minutos después del inicio del descenso se perdió comunicación con el Titan y se iniciaron las tareas de búsqueda y rescate. El 22 de junio, el Servicio de Guardacostas de EE.UU. confirmó el hallazgo de los restos de la embarcación en el fondo del océano y que todos sus ocupantes habían fallecido.

Doce meses después, Canadá y Estados Unidos siguen investigando. Canadá porque aunque el Titan era una embarcación estadounidense operando en aguas internacionales, el sumergible partió de territorio canadiense.

El pecio del Titanic, el transatlántico británico que se hundió el 15 de abril de 1912 en el Atlántico norte cuando se dirigía del Reino Unido a Nueva York causando la muerte a 1.496 personas, se encuentra fuera de las aguas canadienses: Terranova es el lugar más cercano a la zona del naufragio.

Por eso, OceanGate, la empresa dueña del sumergible Titan, operaba desde 2021 desde la localidad canadiense Cape Race, a unas 325 millas náuticas al noroeste del lugar del hundimiento del Titanic.

Y desde Cape Race partió en junio de 2023 el navío nodriza del Titan, el barco canadiense Polar Prince, arrastrando el batiscafo de OceanGate junto a su plataforma.

LOS NUEVOS AVENTUREROS

El Servicio de Guardacostas de EE.UU. advirtió este lunes en un comunicado que la investigación "sigue activa pero llevará más tiempo de lo esperado inicialmente" por su complejidad.

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La ciudad de Nueva York presume de un modelo migratorio al haber recibido e integrado en los dos últimos años a más de 200.000 inmigrantes irregulares, pero se queja del nulo apoyo recibido desde el Gobierno federal de Washington, atrapado en una lógica electoral donde el tema migratorio se ha convertido en dinamita política.

"Nuestra red de apoyo es mejor que la que encuentran en cualquier otra ciudad y estado, y nos enorgullece haber podido apoyar de forma concreta a todas estas personas, que ya suman 202.000, pero la carga es solo nuestra y no vemos suficiente respaldo del Gobierno federal", dice en una entrevista con EFE el Comisionado de Inmigración de la ciudad, Manuel Castro.

Castro encarna como pocos el famoso 'sueño americano': llegó a Nueva York desde México como indocumentado con solo cinco años, y tres décadas después, tras una juventud dedicada al activismo en favor de los solicitantes de asilo, se convirtió en el máximo responsable migratorio de Nueva York, la ciudad "levantada por los inmigrantes", como él mismo recuerda.

Inundar de emigrantes las 'ciudades progresistas'

Hace dos años, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ideó la 'estrategia de los autobuses', que consistió en llenar estos vehículos con inmigrantes recién llegados desde México y enviarlos a las que llamaba 'ciudades progresistas' con la promesa de que allí recibirían alojamiento y comida. No era mentira en el caso de Nueva York: una norma de hace 50 años obliga a la ciudad a no dejar a nadie sin techo.

En los meses siguientes, Nueva York declaró una 'crisis humanitaria' pero no por ello dejó de prestar asistencia a las miles de personas llegadas ya no solo desde Texas, sino desde otros estados atraídos por la generosidad que la urbe desplegó con los inmigrantes: techo para todos, escuela para los menores (ahora mismo hay 37.000 acogidos en el sistema) y gastos médicos.

La atención a todas estas personas hizo que la ciudad calculara un gasto extra de 10.000 millones de dólares entre 2022 y 2025, al que hizo frente "sin respaldo del Gobierno federal, aun cuando debería ser una responsabilidad compartida con las demás ciudades y Estados", recuerda Castro.

La ciudad se vio "obligada" -en palabras del Comisionado- a limitar la estancia en los albergues públicos a uno o dos meses, según las circunstancias, mediante un recurso judicial excepcional, pero garantizó que las familias con niños no fueran desalojadas en ningún caso.

Sin embargo, y según ha podido constatar EFE en el campamento gigante de Randall's Island, donde se envía a los adultos sin familia, la ley se aplica de manera muy flexible y hay varios inquilinos que llevan más de cuatro meses, mientras buscan un permiso de trabajo que nunca llega.

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El Gobierno del presidente Joe Biden anunció este martes un nuevo programa que permitirá regularizar a más de medio millón de migrantes que viven en el país sin un estatus legal, adelantaron funcionarios en una llamada con reporteros.

La decisión, que beneficiará principalmente a las personas casadas con ciudadanos estadounidenses, llega a menos de cinco meses de unas elecciones presidenciales en las que la gestión de la migración se ha convertido en un tema central para los estadounidenses.

El nuevo alivio migratorio es uno de los más importantes desde que la Administración de Barack Obama creó en 2012 el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ha permitido a más de 800.000 migrantes obtener permisos de trabajo y protección frente a la deportación.

Sin embargo, las nuevas políticas tardarán meses en entrar en vigor y concederán a los migrantes la oportunidad de dar solo el primer paso en el proceso para conseguir permiso de residencia en EE.UU., que puede prolongarse años. 

El programa se apoya en una figura legal conocida como «parole», que otorga a quienes ya están en territorio estadounidense protección frente a la deportación y les posibilita aplicar a un permiso de trabajo.

Con este permiso, que tendrá una validez de tres años, los migrantes que entraron al país de manera irregular y están casados con ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la residencia y, eventualmente, la ciudadanía.

«Estas personas tienen profundos lazos familiares y con su comunidad en EE.UU.», señaló uno de los funcionarios que adelantaron la medida en una llamada con periodistas. 

Para solicitar este alivio, la persona tiene que haberse casado con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024 y haber vivido en el país al menos 10 años.

A su vez, los hijos menores de 21 años de quienes están casados con estadounidenses y que tampoco tengan un estatus legal también pueden obtener el permiso. 

No obstante, acotaron los funcionarios, los migrantes que hayan sido deportados de EE.UU. en el pasado no califican para esta protección.

En teoría, las personas indocumentadas pueden obtener la residencia si se casan con un estadounidense. Sin embargo, para hacerlo deben salir del país y acudir a una embajada, lo cual conlleva el riesgo de que se les prohíba la entrada de nuevo por periodos de 3 a 10 años, como represalia por haber estado en EE.UU. sin estatus legal.

Esta situación, reconocieron los funcionarios, ha llevado a que muchas familias «vivan con miedo y se enfrenten a una profunda incertidumbre sobre su futuro». 

El alivio anunciado permite que los migrantes puedan solicitar la residencia, también conocida como «green card», estando en territorio estadounidense.

Además de este programa, el Gobierno de EE.UU. también anunció este martes que buscará «mejorar» el proceso por el que pueden solicitar visas de trabajo algunos de los que llegaron al país de niños y todavía no han regularizado su situación.

El Departamento de Estado creará unas «guías» para dar más claridad y acelerar la expedición de visas H1B para esos «soñadores» que se hayan graduado de una universidad estadounidense y tengan una «oferta de empleo» de una empresa estadounidense.

Los anuncios de la Casa Blanca llegan poco más de dos semanas después de que Biden impusiera una serie de restricciones al acceso al asilo en la frontera que han sido duramente criticadas por grupos en defensa de los derechos humanos.

El demócrata, quien se aupó a la presidencia con un discurso pro-migrante que lo colocaba como la antítesis del expresidente Donald Trump, ha tomado medidas cada vez más coercitivas con la migración.

Este último alivio migratorio es interpretado por expertos como un intento por atraer a los votantes latinos, decisivos en algunos estados clave como Arizona o Nevada, tras haber abandonado su promesa de campaña de ofrecer un camino a la ciudadanía a los más de 11 millones de migrantes indocumentados.

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El número de niños fallecidos en conflictos globales se triplicó en 2023 con respecto al año anterior, y el de mujeres se duplicó, denunció este martes el alto comisionado de la ONU para derechos humanos, Volker Türk, en su actualización sobre la situación de las libertades fundamentales en el planeta.

En total, las víctimas civiles en los múltiples conflictos que asolan el planeta en lugares como Gaza, Ucrania, Sudán, Birmania, Siria o el Yemen, entre otros muchos, creció un 72 %, indicó Türk en la apertura de la 56ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, citando estadísticas de la oficina que él dirige.

«Es descorazonador ver cómo las distintas partes en conflicto superan los límites de lo aceptable y legal en muchos frentes, con un total menosprecio hacia el otro, pisoteando los derechos humanos», aseguró el jefe de derechos humanos ante las delegaciones de los Estados miembros de Naciones Unidas.

Ante ello, «el asesinato de civiles se ha vuelto una rutina diaria, así como la destrucción de infraestructuras. Niños a los que se les dispara, hospitales bombardeados, artillería pesada contra comunidades enteras», denunció.

Gaza

Türk puso como primer ejemplo de estos abusos la situación en Gaza, donde recordó que 120.000 personas han muerto o han resultado heridas en ocho meses de ataques israelíes.

«Los implacables ataques en Gaza están causando un inmenso sufrimiento y una generalizada destrucción, y continúa la arbitraria obstrucción a la ayuda humanitaria. Israel sigue deteniendo de forma arbitraria a miles de palestinos. Esto no puede continuar», señaló Türk, recordando que los informes de la ONU indican que Israel y Hamás podrían estar cometiendo crímenes de guerra.

El austríaco también subrayó que desde que en mayo Israel intensificara sus operaciones en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza y último refugio para muchos palestinos que dejaron sus hogares en zonas más al norte, «más de un millón de palestinos han tenido forzosamente que desplazarse una vez más».

Ucrania

En la guerra de Ucrania, el alto comisionado expresó su preocupación por el deterioro de la situación del país tras dos años y medio de invasión rusa y particularmente denunció la situación en Járkov, donde la reciente ofensiva terrestre rusa «ha destruido comunidades enteras».

«Muchos habitantes, en su mayoría ancianos, se esconden en los sótanos, sin electricidad, agua o adecuados alimentos, mientras la zona sufre intensos ataques con explosivos», destacó el austríaco.

Türk recordó además que las reiteradas olas de ataques a gran escala por parte de Rusia contra infraestructura energética han destruido el 68 % de la capacidad de producción eléctrica de Ucrania, «colocando el sistema en un punto de no retorno, especialmente de cara al invierno».

Otros frentes

Pero Türk aludió también a otros conflictos menos presentes en los titulares y las televisiones, en lugares como el Sahel, la República Democrática del Congo, Siria, Haití o Sudán, país este último que según el alto comisionado «está siendo destruido ante nuestros ojos».

Los generales al frente de los dos bandos en conflicto en Sudán «tienen responsabilidad en la comisión de posibles crímenes de guerra y otras atrocidades», incluidos ataques por motivos étnicos y violencia sexual, aseguró.

«Son responsables últimos del impacto de sus acciones en civiles, con efectos tales como desplazamiento masivo, la amenaza de hambruna, o un desastre humanitario cada vez mayor», señaló el alto comisionado.

A otros niveles que aún no llegan al de conflicto abierto, Türk alertó también este martes sobre los discursos «que convierten a los migrantes en chivos expiatorios», algo que en su opinión se ha vuelto común «entre populistas y extrema derecha» en campañas electorales de Europa, Norteamérica y otras regiones.

También denunció retrocesos en la situación de mujeres y niñas de diversos países, con flagrantes ejemplos en Irán y Afganistán, donde ellas sufren graves violaciones de sus libertades fundamentales.

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La Policía Nacional de Haití (PNH) anunció este lunes que desde el miércoles pasado lleva a cabo una operación para desmantelar la banda que el 9 de junio asesinó a tres miembros de la unidad de élite antipandillas en Delmas 18, en pleno centro de la capital.

"En el marco de esta operación, aún en curso, las fuerzas del orden intercambiaron disparos con los individuos armados y lograron retirar varias barricadas de la carretera", señaló la institución en un comunicado.

La Policía haitiana afirmó que está lanzando la operación en Bas-Delmas, en el bastión del grupo armado dirigido por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, que reivindicó el asesinato de los tres agentes.

En el marco de esta operación, inscrita en la "lucha contra la delincuencia organizada", se desplegaron varios agentes especializados, entre ellos los de la Unidad Antipandillas (UTAG), la Brigada de Intervención de Búsqueda, la Compañía de Intervención y de Mantenimiento del Orden (CIMO) y secciones de la maquinaria pesada de la policía.

El primer ministro de Haití, Garry Conille, se reunió ayer con representantes de las familias de los tres policías asesinados por los bandidos.

El objetivo de la reunión era brindar solidaridad a los familiares de los policías asesinados mientras estaban en servicio y comprender las expectativas de los parientes de las víctimas.

"El país no podrá devolverles a sus hijos, pero podemos asegurarnos de que Haití nunca les olvide por su leal servicio a la nación", declaró Conille, quien dijo que se solidarizaba con el dolor de los padres de los valerosos policías muertos por balas asesinas.

"La policía ha hecho enormes sacrificios para servir a la nación. Prometo el apoyo total e incondicional de mi Gobierno a sus familias", expresó el jefe de Gabinete en una nota emitida por el Ministerio de Comunicación.

Conille afirmó que garantizará una "respuesta institucional adecuada, responsable y rápida a los familiares de las víctimas policiales". Prometió garantizar la creación de un marco jurídico de apoyo a todas las familias de los policías que caigan en sus combates contra las bandas armadas y el crimen organizado en general.

Las bandas dominan la mayor parte de Puerto Príncipe y otras zonas de Haití.

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El candidato de la coalición opositora en Venezuela, Edmundo González, denunció el sábado durante un conversatorio con jóvenes que tres dirigentes políticos fueron detenidos de manera “arbitraria” y se desconoce su paradero.

González se refirió a Juan Iriarte, coordinador de la organización de Vente Venezuela, Jeancarlos Rivas, encargado juvenil del partido Voluntad Popular y Luis López, periodista e integrante de una central política, quienes dijo “están detenidos por habernos acompañado en el acto de Maiquetía”, a las afueras de Caracas, junto al Caribe.

El candidato aseveró que se ha tratado de localizarlos y averiguar dónde se encuentran, pero “los cuerpos de seguridad se rebotan responsabilidad y no se sabe en este momento dónde y cómo están”.

González aspiró a su pronta liberación y afirmó que su detención es “injusta y arbitraria”.

Las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre esa denuncia.

El candidato presidencial de la unidad opositora hizo las declaraciones en un encuentro con jóvenes de un instituto de estudios políticos al que acudió junto a María Corina Machado, la exlegisladora que ganó las elecciones primarias y a la que debió sustituir por una inhabilitación que le impide participar en los comicios del 28 de julio.

Machado indicó a los medios que realizan las denuncias respectivas ante organismos internacionales por considerar las detenciones como “desapariciones forzadas”.

El partido Voluntad Popular, que denunció el sábado en la red social X, antes Twitter, la desaparición de Rivas de 19 años, difundió un video en el que la madre del dirigente juvenil, Keila López, señala que su hijo fue detenido la tarde del viernes en una plaza en La Guaria.

TRIBUNAL DE JUSTICIA Y CONTROL

Más tarde, López difundió otro video en el que dijo conocer que su hijo sería presentado ante un tribunal de justicia y control y pidió que se le conceda “el derecho para que se defienda”, aunque no aclaró si conoce el cargo que se le imputaría ni precisó otros detalles.

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos se unió a la denuncia en la misma red.

También el Colegio Nacional de Periodistas difundió un mensaje en X señalando que López había cubierto la tarde del viernes la detención de Rivas, tras lo cual no ha podido ser ubicado.

De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, más de una decena de dirigentes del partido político de oposición Vente Venezuela han sido detenidos acusados de ser parte de tramas conspirativas y actos violentos, mientras seis opositores permanecen refugiados en la embajada de Argentina en Caracas a la espera de un salvoconducto que les permita salir del país.

El Foro Penal, una organización no gubernamental de defensa de derechos humanos y asistencia legal, ha denunciado una serie de detenciones en el país sudamericano. La organización registra hasta el 10 de junio, 278 presos políticos, entre los cuales 25 son mujeres, 148 militares y 133 no han sido declarados culpables.

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Diez personas murieron en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, elevando a 37.347 el total desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Sanidad del enclave, tras una jornada marcada por el supuesto comienzo del cese parcial de las actividades miliares en áreas de Rafah (sur).

Además, 73 personas resultaron heridas en ataques israelíes, lo que suma 85.372 desde el 7 de octubre, mientras que otros 10.000 cuerpos continúan bajo los escombros, sin que las ambulancias o los equipos de rescate puedan acceder a ellos.

Se trata de la cifra más baja desde hace meses, coincidiendo con el anuncio ayer del Ejército de una pausa temporal diaria de once horas a lo largo de la carretera de Salah al Din, desde el cruce de Kerem Shalom (uno de los pocos en funcionamiento) al Hospital Europeo de Jan Yunis.

Eso pese a que la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegurarse ayer, poco después del anuncio castrense, que los combates en la ciudad fronteriza con Egipto continuarían «según lo planeado» y que una pausa de once horas sería «inaceptable».

Esta noche, según la agencia de noticias palestina Wafa, las fuerzas armadas israelíes bombardearon el barrio de Tal al Sultan, en el oeste de la ciudad de Rafah.

«La Defensa Civil en Gaza informó de que sus equipos recuperaron a dos muertos del área de Bir Canada», dijo la agencia, mientras que un comunicado castrense aseguró haber abatido a varios supuestos milicianos en este área «en combates cuerpo a cuerpo y mediante drones».

Además, fuentes palestinas aseguraron que las fuerzas armadas de Israel siguen derrumbando cualquier estructura próxima al corredor de Filadelfia, fronterizo con Egipto y donde se cree que Hamás tenía acceso al contrabando de armamento.

En ciudad de Gaza, al norte de la Franja, otras dos personas murieron esta madrugada y otras 13 resultaron heridas en una serie de ataques contra el barrio de Zarqa, recogió Wafa. También en la capital gazatí, un bombardeo contra una vivienda del barrio Shekih Radwan mató a tres personas.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) estimó este lunes que solo quedan 65.000 gazatíes refugiados en Rafah, donde hace seis semanas había más de 1,4 millones de personas, la mayoría huyendo de la guerra.

Esto equivale a menos del 5 % de la población que recibía cobijo en este área meridional, con una población preguerra de unos 280.000 gazatíes, antes de la invasión militar israelí del 6 de mayo.

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