La ciudad de Nueva York presume de un modelo migratorio al haber recibido e integrado en los dos últimos años a más de 200.000 inmigrantes irregulares, pero se queja del nulo apoyo recibido desde el Gobierno federal de Washington, atrapado en una lógica electoral donde el tema migratorio se ha convertido en dinamita política.

"Nuestra red de apoyo es mejor que la que encuentran en cualquier otra ciudad y estado, y nos enorgullece haber podido apoyar de forma concreta a todas estas personas, que ya suman 202.000, pero la carga es solo nuestra y no vemos suficiente respaldo del Gobierno federal", dice en una entrevista con EFE el Comisionado de Inmigración de la ciudad, Manuel Castro.

Castro encarna como pocos el famoso 'sueño americano': llegó a Nueva York desde México como indocumentado con solo cinco años, y tres décadas después, tras una juventud dedicada al activismo en favor de los solicitantes de asilo, se convirtió en el máximo responsable migratorio de Nueva York, la ciudad "levantada por los inmigrantes", como él mismo recuerda.

Inundar de emigrantes las 'ciudades progresistas'

Hace dos años, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ideó la 'estrategia de los autobuses', que consistió en llenar estos vehículos con inmigrantes recién llegados desde México y enviarlos a las que llamaba 'ciudades progresistas' con la promesa de que allí recibirían alojamiento y comida. No era mentira en el caso de Nueva York: una norma de hace 50 años obliga a la ciudad a no dejar a nadie sin techo.

En los meses siguientes, Nueva York declaró una 'crisis humanitaria' pero no por ello dejó de prestar asistencia a las miles de personas llegadas ya no solo desde Texas, sino desde otros estados atraídos por la generosidad que la urbe desplegó con los inmigrantes: techo para todos, escuela para los menores (ahora mismo hay 37.000 acogidos en el sistema) y gastos médicos.

La atención a todas estas personas hizo que la ciudad calculara un gasto extra de 10.000 millones de dólares entre 2022 y 2025, al que hizo frente "sin respaldo del Gobierno federal, aun cuando debería ser una responsabilidad compartida con las demás ciudades y Estados", recuerda Castro.

La ciudad se vio "obligada" -en palabras del Comisionado- a limitar la estancia en los albergues públicos a uno o dos meses, según las circunstancias, mediante un recurso judicial excepcional, pero garantizó que las familias con niños no fueran desalojadas en ningún caso.

Sin embargo, y según ha podido constatar EFE en el campamento gigante de Randall's Island, donde se envía a los adultos sin familia, la ley se aplica de manera muy flexible y hay varios inquilinos que llevan más de cuatro meses, mientras buscan un permiso de trabajo que nunca llega.

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