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El comandante general del Ejército de Bolivia, Juan José Zuñiga, amenazó este miércoles con tomar la sede del Ejecutivo boliviano mientras se desplazaba en un tanque seguido de más vehículos militares que se movilizan de manera «irregular» en la plaza en la que se ubica la sede del Gobierno en La Paz.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció este miércoles «movimientos irregulares» de militares en frente a la sede del Gobierno en la ciudad de La Paz, mientras que ciudadanos y medios locales reportaron la presencia de tanques y militares fuertemente armados.

«Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse», alertó Arce en cuenta de X.

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El presidente de Kenia, Wiliam Ruto, informó este miércoles de que ha rechazado firmar el polémico proyecto de ley que contempla subidas de impuestos y que provocó las protestas masivas que este martes causaron al menos 23 muertos y desembocaron en el asalto del Parlamento por manifestantes.

«Cedo. No firmaré el Proyecto de Ley de Finanzas 2024. Será retirado por completo», afirmó Ruto en una rueda de prensa en la State House, sede de la Presidencia en Nairobi.

El mandatario aseguró haber «escuchado atentamente al pueblo de Kenia, que ha dicho en voz alta que no quiere tener nada que ver con este Proyecto de Ley de Finanzas de 2024″.

«El pueblo ha hablado», subrayó Ruto, quien abogó por «tener una conversación sobre cómo gestionar juntos los asuntos del país y la situación de la deuda», y proponer «un compromiso con los jóvenes».

Así, el proyecto legislativo no podrá entrar en vigor después de que la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento), donde tiene mayoría la coalición gubernamental, lo aprobara este martes con 195 votos a favor y 106 en contra.

«Tras la aprobación del proyecto de ley, el país fue testigo de una expresión generalizada de descontento con el proyecto de ley aprobado, lamentablemente provocando la pérdida de vidas y la destrucción de bienes y profanación de las instituciones constitucionales», aseveró.

«Envío mi más sentido pésame a las familias de quienes perdieron a sus seres queridos de esta manera desafortunada», señaló el presidente, quien sólo admitió la muerte de «seis jóvenes» este martes.

Sin embargo, una veintena de ONG, incluida Amnistía Internacional, aseguraron este miércoles que al menos 23 personas murieron por disparos de la Policía en las protestas de este martes en varias ciudades de Kenia, 14 de ellas en Nairobi.TE PUEDE INTERESAR

Ruto se mostró más conciliador que en el mensaje que a última hora del martes dirigió a la nación, en el que condenó el «ataque sin precedentes» y advirtió de que no tolerará ninguna «amenaza» que implique un «peligro existencial» para Kenia.

El mandatario se dirigió al país después de que el Gobierno ordenara el despliegue del Ejército para ayudar a la Policía a atajar la «emergencia de seguridad» de las protestas, que fue aprobado este miércoles por la Asamblea Nacional.

«¡Ruto debe irse!»

En la tercera jornada de manifestaciones en la última semana y al grito de «¡Ruto debe irse, Ruto debe irse!», los manifestantes invadieron este martes el Parlamento, pese a la dura respuesta de la Policía, que abrió fuego para impedir el asalto.

Lo que empezó como una protesta pacífica de miles de jóvenes contra las subidas de impuestos en la capital keniana -y otras ciudades en al menos 35 de los 47 condados del país- derivó en una batalla campal entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Con el controvertido proyecto legislativo, el Gobierno pretendía recaudar 2,700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal.

Sin embargo, los manifestantes antigubernamentales sostienen que esas medidas fiscales empujan a la pobreza a la población.

El pasado día 18, más de 300 personas fueron detenidas en Nairobi, mientras el jueves hubo al menos 105 arrestos en todo el país y 200 personas fueron heridas en la capital, al tiempo que murieron dos manifestantes a raíz de esas protestas.

A diferencia de las protestas antigubernamentales que históricamente ha vivido Kenia, a menudo violentas e impulsadas por líderes políticos, estas manifestaciones fueron convocadas por jóvenes de la llamada ‘generación Z’ (personas nacidas entre mediados de la década de los 90 del siglo XX y la primera década del siglo XXI) y mantenían hasta ahora un tono pacífico.

El proyecto de ley planteaba nuevos impuestos, como el IVA del 16 % al pan o el del 2.5 % a los vehículos de motor, además del aumento de algunos ya existentes, como el del servicio de transferencia de dinero móvil.

Sin embargo, algunos ya se suprimieron las semana pasa mediante enmiendas, como el IVA que afectaba al pan.

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Una persona muerta y 20 heridas dejó este miércoles la caída en Medellín de una cabina del Metrocable, la red de teleféricos de la ciudad, cuando estaba por ingresar a una de las estaciones del sistema de transporte, en el que quedaron atrapados por algunas horas cerca de 250 usuarios tras detener su operación.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) fue notificado a las 4:42 hora local (9:42 GMT) del colapso de la cabina, al caer en una acera cuando cumplía el recorrido de la Línea K, que está compuesto por cuatro estaciones, tiene una longitud de 2 kilómetros y opera con 93 telecabinas, cada una con capacidad para 10 usuarios.

«En un accidente en el Metrocable de Medellín se cae una cabina entrando a la estación Popular, en la cual viajaban 11 personas, una de las cuales lastimosamente fallece en el centro asistencial por la gravedad de las heridas», informó a periodistas el director del DAGRD, Carlos Quintero.

El funcionario precisó que, tras la llegada de la primera tripulación de bomberos a la estación Popular, en el noreste de la ciudad, inicialmente fueron atendidas, estabilizadas y trasladadas a centros hospitalarios 11 personas, entre ellas el hombre de 55 años que falleció por «un trauma cerrado de abdomen».

Luego de la posterior revisión y evacuación de las otras cabinas del sistema, Quintero reportó que en total 20 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, una con un trauma cerrado de tórax y otra con una fractura abierta.

Entretanto, equipos especializado en rescate en alturas realizaron maniobras a lo largo de la línea del Metrocable para evacuar a cerca de 250 usuarios que quedaron atrapados en las cabinas que estaban suspendidas luego de frenar la operación del sistema de teleféricos por el incidente.

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, reveló que el accidente se presentó cuando «una cabina que venía bajando de la estación Santo Domingo se detiene al entrar a la otra estación, por causas que todavía estamos investigando, y es alcanzada por la siguiente, se golpean y se presenta el desprendimiento».

Manifestó que es «la primera vez en la historia operativa del Metro, en su 29 años, que estamos atendiendo una situación tan lamentable con pasajeros afectados», por lo cual serán muy «juiciosos» y «cuidadosos» con la investigación. 

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El jefe humanitario de Naciones Unidas, Martin Griffiths, se mostró pesimista acerca del futuro en la región de Oriente Medio y a nivel global debido al actual conflicto de Gaza, subrayando que «podría ser sólo el principio de algo más», en su última rueda de prensa antes de dejar su cargo.

«Gaza nos ha enseñado un nuevo nivel de tragedia y crueldad», indicó Griffiths, quien deja el cargo a finales de este mes por razones de salud y será sustituido de forma interina por la «número dos» de su agencia, Joyce Msuya.

El que durante tres años ha dirigido la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas alertó en concreto sobre el riesgo «potencialmente apocalíptico» de que el conflicto se extienda o intensifique en zonas de los vecinos Líbano y Siria. 

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Los jueces de la máxima corte de Brasil formaron este martes una mayoría para despenalizar el porte de marihuana para consumo personal, en un juicio iniciado en 2015 y que mantiene dividida a la polarizada sociedad brasileña.

"Se forma mayoría" para decidir "que el porte para consumo personal (de marihuana) constituye una acción ilícita sin naturaleza penal", resumió el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso.

Seis de un total de 11 magistrados del STF se pronunciaron a favor, tras anunciarse el voto favorable este martes del juez José Antonio Dias Toffoli. Otros cuatro se pronunciaron en contra y el último todavía debe votar o bien pedir más tiempo para expresar su decisión.

La legislación actual, que data de 2006, castiga a quien "adquiera, guarde, transporte o lleve consigo para uso personal drogas sin autorización", incluida la marihuana.

Si bien las penas son leves para los consumidores -prestar servicios comunitarios o participar en un programa educativo-, la ley deja a criterio de los jueces determinar si el portador es usuario o traficante. Este último debe hacer frente a duras penas de prisión.

Los jueces debaten asimismo en este proceso qué cantidad de marihuana debe ser fijada para diferenciar al usuario del traficante.

El juicio responde a un recurso presentado por la defensa de un preso condenado por esconder en su celda tres gramos de marihuana. Sus abogados argumentaron que la pena ofendía el principio de vida privada previsto en la Constitución.

Una vez concluya este proceso, todas las instancias judiciales deberán seguir la solución adoptada por el STF cuando juzguen casos sobre la tenencia de marihuana.

Sin embargo, el asunto es muy controvertido en Brasil, donde organizaciones conservadoras se oponen fervientemente a despenalizar las drogas y una iniciativa contraria a la decisión del Supremo avanza por su parte en el Congreso.

El Senado, de mayoría conservadora, aprobó en abril un proyecto que introduce en la Constitución el delito de posesión de drogas sin importar la cantidad.

La enmienda debe ir ahora a debate en la Cámara de Diputados.

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Tras la petición este martes del arresto del exministro ruso de Defensa Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, aumentan a seis las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional contra líderes rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania desde 2022.

La CPI considera a Shoigú (69 años) y Guerásimov (68 años), que en el momento de la presunta conducta criminal eran, respectivamente, ministro de Defensa, y jefe del Estado Mayor General, “responsables a nivel penal” de “ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana” desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023.

En ese período, el Ejército ruso llevó a cabo numerosos ataques a plantas de energía eléctrica y subestaciones en varias localidades de Ucrania. La CPI cree que el daño colateral previsto a civiles y sus bienes era “claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada” a la hora de atacar esas instalaciones, incluso si estas fueron consideradas “objetivos militares”.

La Sala de Cuestiones Preliminares II autorizó las órdenes de arresto solicitadas por el fiscal Karim Khan, que sospecha que ambos altos cargos son culpables de crímenes de guerra por “dirigir ataques contra objetivos civiles” y por “causar daños colaterales excesivos” a civiles, así como de crímenes de lesa humanidad por “actos inhumanos”.

Los objetivos principales del derecho internacional humanitario es la protección de los civiles en conflictos armados, recordó la CPI, que advirtió de que el “principio de distinción” prohíbe el uso de la fuerza armada contra personas protegidas durante las hostilidades.

“La presunta campaña de ataques constituye un tipo de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra la población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal”, advirtió la Sala, que acusó a los sospechosos de causar “intencionadamente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o la salud mental o física” de la población civil, “actos inhumanos” definidos como “crimen de lesa humanidad”.

Shoigú, confidente del presidente Vladimir Putin, fue ministro de Situaciones de Emergencia de 1991 hasta 2012, cuando ascendió a ministro de Defensa, cargo del que fue destituido el mes pasado. Ahora es secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

Mientras, el general Guerásimov es jefe del Estado Mayor desde 2012, y, desde enero de 2023, comandante de lo que se conoce como “Grupo de Fuerzas Conjuntas en la Zona de Operaciones Militares Especiales”.

Aunque la Sala autorizó a hacer públicas estas órdenes de arresto, su contenido permanece «secreto» para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones. No siempre se anuncian las órdenes de detención aprobadas por el tribunal o solicitadas por la fiscalía, pudiendo permanecer confidenciales durante años.

En el caso de la situación en Ucrania, se conoce de la existencia de seis órdenes de detención, incluidas las anunciadas hoy.

Las dos primeras llegaron en marzo de 2023 contra Putin y la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.

A estas siguieron en marzo pasado las del teniente general de las Fuerzas Armadas Rusas, Sergey Kobylash, y el almirante de la Armada Rusa, Viktor Sokolov, por dos crímenes de guerra y uno de lesa humanidad, debido a ataques contra infraestructura crítica en Ucrania como plantas de energía y subestaciones desde octubre de 2022.

“Aquellos responsables de acciones que afectan a civiles inocentes o a objetos protegidos deben saber que esta conducta está regida por un conjunto de normas reflejadas en el derecho internacional humanitario. Todas las guerras tienen reglas. Esas reglas obligan a todos sin excepción”, advirtió el fiscal Karim Khan.

Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en su territorio desde el 20 febrero de 2014, lo que incluye la anexión rusa de Crimea y la agresión a Ucrania en febrero de 2022.

Queda en manos de los 124 Estados miembros el cumplimiento de estas órdenes de detención y el envío a La Haya de los sospechosos, ya que la CPI no tiene una fuerza propia para arrestar a los acusados

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La Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará desde este miércoles su 54 Asamblea General en Paraguay, con la integración y la seguridad para el desarrollo sostenible de la región como eje de sus deliberaciones y la situación política y de derechos humanos en Haití, Nicaragua y Venezuela entre sus preocupaciones centrales.

Con una escasa atención mediática en los días previos, Asunción y la vecina ciudad de Luque albergarán hasta el viernes 21 delegaciones con sus cancilleres y nueve lideradas por otros delegados, según el listado provisional de asistentes.

En este período ordinario de sesiones, Estados Unidos estará representado por el subsecretario de Estado Richard Verma y el encargado para América Latina, Brian Nichols, que llegarán con la tarea de impulsar el apoyo a la misión de seguridad que debe desplegarse en Haití y condenar las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

Paraguay, el país anfitrión, estará representado por el ministro de Exteriores, Rubén Ramírez.

Hace una década, en 2014, el país sudamericano acogió una Asamblea General.

Sería esa su segunda ocasión, ya que en 1990, un año después del retorno de la democracia tras la caída de la prolongada dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), debutó como sede.

Será este el primer cónclave anual sin la presencia formal de Nicaragua, que desde el 19 de noviembre de 2023 oficializó su salida de esta organización. Pese a su ausencia, la OEA no ha cesado de advertir sobre la delicada situación en el país centroamericano, que será analizada por el plenario para posteriormente emitir una declaración al respecto.

Tampoco se espera esta vez una representación de Venezuela, que no ha contado con delegados en las dos últimas ediciones de esta asamblea.

La condición de este país como Estado miembro plantea una interpretación inédita de la jurisprudencia americana, luego del cese del considerado Gobierno interino encabezado por el opositor Juan Guaidó.

El líder opositor revocó en marzo de 2019 la denuncia a la Carta de la OEA que había presentado en abril de 2017 el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Con las elecciones presidenciales del 28 de julio en puertas y una campaña salpicada por la inhabilitación de candidatos y la detención de opositores, no se descarta que el país caribeño sea motivo de debate entre los ministros y jefes de misión, aunque no existe una propuesta específica de resolución o declaración dedicada a Venezuela.

La OEA reflotará, igualmente, la cuestión de las Malvinas, tema que ha tomado un nuevo cariz con la llegada al poder del presidente Javier Milei, quien, sin renunciar a la soberanía sobre esas islas, ha admitido que están «en manos del Reino Unido» y que no hay una «solución instantánea» a la disputa.

Se anticipa de igual forma una resolución sobre los derechos humanos en la región y que aborde la cuestión de la seguridad tras los recientes hechos de violencia atribuidos al narcotráfico en Ecuador y casos que han sacudido a países como Paraguay, como el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci.

Vecindario con nuevas y viejas caras

La cumbre de la OEA tendrá como telón de fondo una región con nuevas caras en la política, como el argentino Milei y el presidente anfitrión, Santiago Peña, pero también con Brasil nuevamente bajo la conducción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha estrechado sus lazos con China y Rusia, sus aliados en el bloque de los BRICS.

Estados Unidos, en palabras de su embajador ante la OEA, Frank Mora, ha defendido que este organismo -blanco de críticas de varios de sus miembros- proporciona una plataforma «única e importante» para dar una «respuesta colectiva» a los desafíos transnacionales que encara la región.

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Un primer contingente de policías kenianos llegó este martes a Puerto Príncipe, en el marco de una misión internacional para restablecer la seguridad en Haití, un país sacudido por la violencia de las pandillas, comprobó la AFP.

Un avión de la aerolínea nacional Kenya Airways aterrizó poco antes de las 14H00 GMT en el aeropuerto de la capital haitiana con los policías a bordo.

El avión había despegado de Nairobi el lunes por la noche, después de que el presidente keniano, William Ruto, visitara a los agentes antes de su partida.

"Esta misión es una de las más urgentes, importantes e históricas de la historia de la solidaridad mundial", declaró el jefe de Estado en una ceremonia celebrada a puerta cerrada, según la oficina presidencial.

Kenia propuso enviar a un millar de policías a Haití para esta misión, cuya duración inicial será de un año y a la que se comprometieron en participar Bangladés, Benín, Chad, Bahamas y Barbados.

El despliegue de esta fuerza, aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre, ha sido duramente criticado en Kenia.

Haití sufre una inestabilidad política crónica desde hace décadas, y en los últimos meses se ha enfrentado a un recrudecimiento de la violencia de las pandillas, que controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe.

La espiral de violencia ha provocado una crisis humanitaria en el pequeño país caribeño.

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