Internacionales

Un avión con capacidad para unos setenta pasajeros se estrelló este viernes en una zona residencial en el municipio brasileño de Vinhedo, en el estado de São Paulo, informó el Cuerpo de Bomberos local.

Según informaciones de la televisión Globonews, en el aparato viajaban 62 personas, entre ellos 58 pasajeros y cuatro tripulantes.

Siete equipos del cuerpo de bomberos fueron movilizados para atender el accidente, según el organismo, que no aclaró si había víctimas.

Fuentes del aeropuerto de São Paulo informaron a Globonews de que se trata de un avión bimotor de modelo ATR-72-500 de la aerolínea Voepass, y que viajaba desde la ciudad de Cascavel hasta São Paulo.

Videos publicados en redes sociales muestran a la aeronave dando vueltas sobre sí misma antes de desplomarse en medio de un gran estruendo en el municipio de Vinhedo, en los alrededores de São Paulo.

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La Fiscalía General de Ucrania realizó este viernes, en cooperación con los servicios de seguridad, una operación a gran escala para exponer a miembros de una supuesta trama criminal que malversaba fondos destinados a la defensa del país.

La suma defraudada al Estado ucraniano asciende a 1.500 millones de grivnas (unos 33 millones de euros), según un comunicado de la Fiscalía.

Están implicados presuntamente en la trama funcionarios del Ministerios de Defensa, miembros de unidades militares, administraciones regionales y consejos municipales, entre otros, así como directores de empresas en varias regiones de Ucrania, según la investigación.

Uno de los 28 individuos a los que se les ha notificado que se hallan bajo sospecha es el jefe de uno de los departamentos del Ministerio de Defensa.

También puede estar implicado el jefe del Centro Territorial de Reclutamiento de Donetsk (este), así como cinco funcionarios municipales de las regiones de Poltava y Dnipropetrovsk y siete miembros de unidades militares de Donetsk, Odesa, Dnipropetrovsk, Kiev y Cherkasi, precisó el comunicado.

Los sospechosos supuestamente cometieron irregularidades como inflar facturas de compra de productos y por servicios realizados, además de aceptar uniformes militares de baja calidad y de falsificar documentos.

El sospechoso que dirige un departamento del Ministerio de Defensa está además acusado de obstaculizar las actividades legales de las Fuerzas Armadas, puesto que, conociendo la existencia de un contrato público, supuestamente firmó un contrato adicional con otra empresa, a la que transfirió fondos estatales.

Como parte de la operación, las fuerzas de seguridad registraron más de 65 instituciones y organizaciones por todo el país.

Según recordó la Fiscalía, se trata de la segunda operación especial a gran espala de este tipo, después de que ya en julio se hubiera descubierto una trama de 30 individuos que defraudó más de 138 millones de grivnas (tres millones de euros).

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La comunidad internacional, que ejerce una renovada presión sobre Israel y el grupo islamista Hamás para que acuerden un cese el fuego, invierte todos sus recursos diplomáticos para evitar una nueva guerra en Oriente Medio, donde Irán y el grupo chií libanés Hizbulá amenazan con tomar represalias por los recientes asesinatos de sus líderes.

Israel anunció este viernes que enviará una delegación de negociadores el próximo jueves para abordar «los detalles de la implementación del acuerdo» de tregua, después de que Estados Unidos, Egipto y Catar, que fungen como mediadores, exigieron que se reanuden las discusiones en Doha o El Cairo «para cerrar todas las brechas restantes» y aplicar el pacto «sin más demora».

Hamás, que acaba de nombrar al beligerante Yahya Sinwar -hasta ahora jefe militar del grupo islamista en la Franja de Gaza- como sucesor del recientemente asesinado líder político, Ismail Haniyeh, no ha respondido al llamado de los mediadores, pero la comunidad internacional ha ejercido presión.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, expresó su «total apoyo» al alto el fuego, considerando que «allanará el camino para la desescalada regional», mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, remarcó que es «el único modo de salvar vidas y garantizar la liberación de los rehenes».

Italia, Alemania y España se sumaron individualmente a la presión por la tregua, al igual que varios países árabes: Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irak, Kuwait y el Líbano.

Sin embargo, una presión contraria -para no firmar el acuerdo- resurgió de entre las filas más extremistas de la derecha del Gobierno israelí.

El ministro de Finanzas, el ultranacionalista antiárabe Bezalel Smotrich, dijo que el acuerdo es una «peligrosa trampa» y criticó que contemple la liberación de presos palestinos a cambio de rehenes israelíes.

La guerra estalló el 7 de octubre del año pasado tras un ataque de Hamás contra Israel que dejó unos 1.200 muertos y 251 secuestrados.

Tras más de 10 meses de escalada, la ofensiva israelí ha dejado en la Franja de Gaza casi 40.000 muertos -la mayoría niños y mujeres-, más de 90.000 heridos, 10.000 desaparecidos bajo los escombros y 1,9 millones de desplazados que sobreviven en una crisis humanitaria sin precedentes.

Los países mediadores buscan que un cese de las hostilidades que permita la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave palestino, así como la liberación de los 111 rehenes que Hamás sigue reteniendo, de los cuales al menos 39 habrían perdido la vida.

Escalada en frontera Israel-Líbano

Paralelamente a los intentos de que se retomen las negociaciones, continúa el intercambio de fuego entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá. Dos miembros de Hizbulá murieron este viernes tras el bombardeo de un dron israelí sobre la localidad de Naqoura, en el sur del Líbano, mientras que la milicia proiraní reivindicó ocho ataques contra Israel.

Israel se encuentra desde finales de julio a la expectativa de un eventual ataque a gran escala de Hizbulá e Irán, en represalia por los asesinatos de altos cargos de la milicia del grupo libanés y de Hamás.

El líder militar de Hizbulá, Fuad Shukr, murió en un ataque israelí a las afueras de Beirut el 30 de julio, poco antes del asesinato en Teherán del entonces líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque que Irán atribuye a Israel.

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, avisó el jueves a los habitantes de Líbano de que si Hizbulá continúa atacando, Israel responderá «con toda su fuerza», y anoche sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, sobre la «preparación operativa para defender Israel contra Irán y sus representantes en la región».

Además, el comandante del Comando Central de Estados Unidos, Michael Kurilla, aterrizó ayer en Israel en su segunda visita esta semana, para hacer «preparativos conjuntos en la región».

Por su parte, el Gobierno de Líbano trabaja en un plan de contingencia mientras numerosos países han pedido a sus ciudadanos evacuar el país y varias aerolíneas han cancelado vuelos a Beirut y Tel Aviv.

En tanto, Teherán está sopesando sus opciones de respuesta mientras enfrenta la intensa presión diplomática para que no abra una nueva guerra regional.

El diario británico The Guardian asegura que Irán podría optar por atacar a agentes de inteligencia israelíes o colaboradores iraníes que cree que participaron en el asesinato de Haniyeh en lugar de lanzar un ataque contra Israel.

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 Quince estados de EE.UU. de administración republicana presentaron una demanda federal este jueves contra el Gobierno del presidente Joe Biden por una norma que permitiría otorgar, el próximo año, cobertura médica a 100.000 inmigrantes conocidos como ‘Dreamers’ (‘Soñadores’), que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños, informa AP.

Demócratas vs. republicanos

La demanda constituye un esfuerzo del Partido Republicano para sabotear las políticas demócratas e impedir que la Ley de Atención Médica Asequible federal propuesta por el Ejecutivo demócrata entre en vigor solo cuatro días antes de las elecciones presidenciales de noviembre. La legislación brindaría a los ‘Dreamers’ acceso a exenciones impositivas cuando se inscriban al seguro médico.

Los demandantes sostienen que la norma viola la ley, alentaría a más migrantes a llegar a Estados Unidos y afectaría a la asistencia pública en esos estados. La iniciativa se produce en medio de ataques republicanos contra el Gobierno, al que acusan de debilidad en la lucha contra la inmigración irregular. «Los inmigrantes ilegales no deberían tener vía libre para ingresar a nuestro país», comentó el fiscal general de Kansas, el republicano Kris Kobach, en un comunicado en X. «No deberían recibir beneficios de los contribuyentes cuando llegan, y la Administración Biden-Harris no debería tener vía libre para violar la ley federal», agregó.

Refiriéndose a la normativa, Biden expresó en mayo que estaba «comprometido a brindarles a los ‘Dreamers’ el apoyo que necesitan para tener éxito» y protegerlos de la deportación. «Estoy orgulloso de las contribuciones de los ‘Dreamers’ a nuestro país», subrayó el presidente.

Obstáculos en el camino

Los estados que han demandado anteriormente a la Administración Biden han tenido dificultades para persuadir a los jueces de que el daño que enfrentan a causa de una nueva norma es lo suficientemente directo, concreto y específico como para darles derecho a demandar. Los territorios involucrados en la nueva demanda son Kansas, Dakota del Norte, Alabama, Idaho, Indiana, Iowa, Misuri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Virginia. Solo Idaho y Virginia tienen sus propios mercados de seguros médicos en lugar de depender de uno federal.

Los demandantes cifran sus esperanzas de éxito en un informe de 2023 de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, que no solo aboga por leyes más estrictas contra la inmigración ilegal, sino también por restricciones drásticas a la legal.

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 En un paseo por cualquier ciudad colombiana es fácil cruzarse con tiendas de recuerdos con productos dedicados al capo del narcotráfico Pablo Escobar, desde camisetas con su rostro hasta la réplica de su cédula de identidad, pero un proyecto de ley busca acabar con ese negocio y librar al país del estigma de la cultura narco.

«El proyecto tiene un propósito fundamental que es prohibir la comercialización, uso, porte o distribución de cualquier ‘souvenir’, camiseta, gorra o artículo que exalte a personas condenadas por algún delito dentro del código penal de Colombia», explica a EFE el representante a la Cámara Cristian Avendaño, del Partido Alianza Verde y autor de la iniciativa.

Avendaño afirma que estos productos son una «apología del delito» que exaltan la figura de una persona que dejó una historia de «violencia, muerte y destrucción», con miles de víctimas, y al que, sin embargo, muchos veneran como un héroe.

Con su proyecto pretende sustituir la imagen de Colombia, «mostrar al mundo que tenemos cosas más positivas que contar que ‘el patrón del mal'», dice en referencia al título de una de las muchas series televisivas sobre el capo, y reemplazarlo por deportistas, académicos, artistas o por la gran biodiversidad del país.

Uno de los temas a debatir son las ‘narconovelas’, que venden una imagen «distorsionada» de lo que es Colombia porque cuentan una parte de la historia, y no precisamente la positiva: «No creo en la prohibición de estas series, pero sí en las regulaciones que permitan que la historia se cuente como realmente fue», añade.

Identidad colombiana

«Me rehúso a vendernos al mundo como el país de la coca, del narcotráfico o la prostitución», agrega el político, que reclama una identidad nacional y una marca país que represente a la mayor parte de la sociedad y que haga que los colombianos puedan sentirse orgullosos.

Para fortalecer esa imagen positiva, añade el congresista, es preciso un debate entre los gremios, los académicos, los políticos y los ciudadanos para determinar cuáles son las cosas que mejor representan a Colombia.

«No sé si será la biodiversidad, la gastronomía o el sombrero ‘vueltiao’, la idea es abrir un proceso participativo en el cual salgamos a la calle a preguntarle a la gente cómo quieren que vendamos Colombia al mundo», afirma.

Este debate, confía el congresista, es una oportunidad para mostrar una identidad colombiana desligada del narcotráfico y de los personajes nefastos que lo representan.

La iniciativa surgió hace ocho meses en unas conversaciones del equipo de Avendaño, sin desconocer que «prohibir choca con la libertad de expresión», y en las cuales fueron escuchadas tanto víctimas del conflicto y del narcotráfico como Nicolás Escobar, sobrino del capo del extinto Cartel de Medellín, que dirige el museo temático del narco y quien le dijo a Avendaño que «es una vergüenza que sea congresista».

Además, valoraron cómo sustituir la economía de los vendedores de los artículos que intentan prohibir para reemplazar la comercialización de la figura de Pablo Escobar por «otras imágenes más positivas de Colombia».

Antihéroes

El sicólogo Wilson López, profesor titular de la Universidad Javeriana, dice a EFE que el fenómeno de exaltación de personajes relacionados con el narcotráfico deriva de un «aprovechamiento de la miseria» por parte de estos.

«Se convierten en héroes porque la gente no confía en las instituciones», agrega López, quien recuerda que Escobar, con el dinero del narcotráfico, invirtió en algunos barrios pobres de Medellín, algo que «deberían haber hecho» las instituciones.

De esta forma, «cuanto más frágil es la vulnerabilidad, más fácil emergen estos discursos», afirma el experto al indicar que Escobar, muerto en una operación policial en diciembre de 1993, no dejaba de ser populista proclamándose representante del pueblo mientras ganaba millones de dólares con la venta de drogas. 

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En el marco de la juramentación del presidente Luis Abinader en la próxima semana, varios presidentes de los países de la región han confirmado su asistencia al evento, lo que ha sido ponderado por los mandatarios como un escenario propicio para una cumbre para tratar la crisis de Venezuela.

Fuentes al más alto nivel confirmaron a elCaribe de las gestiones en ese sentido, aunque esas diligencias no se han tramitado de manera oficial entre los distintos gobiernos.

Ayer, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, planteó que la cumbre regional que propuso el pasado lunes se realice la próxima semana en República Dominicana, aprovechando la presencia de los presidentes en la asunción del segundo mandato de Abinader.

“Esa reunión que estoy tratando de hacer, ya tenemos 6-7 presidentes confirmados que vendrían a Panamá, sin embargo, todos o casi todos vamos a coincidir en República Dominicana el próximo jueves y viernes para la juramentación por segunda vez del presidente Abinader y quizás, con la venia del presidente Abinader, podamos tener allí la reunión”, afirmó Mulino durante su comparecencia semanal ante la prensa.

Mulino dijo que la idea es que a la cita asistan los 17 Gobiernos que el pasado 31 de julio votaron en la Organización de Estados Americanos (OEA) a favor de una resolución que pedía a las autoridades venezolanas publicar “de inmediato” las actas de las elecciones del pasado 28 de julio. La República Dominicana votó a favor de esa resolución, pero no ha reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones.

El presidente de Panamá expresó su respaldo a la mediación liderada por Colombia, Brasil y México para tratar de superar la crisis por las elecciones presidenciales venezolanas y las denuncias de fraude ante la proclamación de Nicolás Maduro por el órgano electoral.

“Yo veo positivo el esfuerzo de México, Colombia y Brasil, aunque no hayan votado o se hayan abstenido en la OEA (…) Son países que tienen, por razones que sobran explicar, una relación más cercana o Gobiernos más cercanos al Gobierno de Maduro”, declaró Mulino.

El jefe de Estado panameño dijo estar seguro de que a los presidentes de México, Brasil y Colombia “también les preocupa” la situación venezolana y no quieren, al igual que Panamá y otros países del continente, “otro futuro para Venezuela que enrumbar el país democráticamente y normalizar la vida en la región, que está enredada y vuelta un desastre”.

“Y lo que quiero decir con ello es que 17 países que votamos en una dirección en la OEA, y estos tres países que pueden y creo que lo están haciendo, un rol de amigable componedor, entre los dos no nos excluimos. Los dos queremos que impere la democracia, la paz y el orden institucional”, agregó.

Alianza para Desarrollo en Democracia

La República Dominicana ha impulsado una alianza de varios países de la región denominada “Alianza para el Desarrollo en Democracia”. Además de la República Dominicana la idea ha sido impulsada por Panamá, Ecuador y Costa Rica. El presidente Luis Abinader ha sido uno de los principales promotores de esa idea que promueve el diálogo informal sobre los retos de la región en distintas áreas como el fortalecimiento de la democracia.

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La Asamblea autónoma de Irlanda del Norte condenó este jueves los daños y ataques perpetrados contra minorías étnicas y rechazó todas las formas de islamofobia, xenofobia y racismo, después de una semana de disturbios instigados por la extrema derecha en la provincia británica y otras partes del Reino Unido.

Inglaterra e Irlanda del Norte llevan una semana con continuos focos de violencia que estallaron tras el apuñalamiento de varios menores y dos adultos en un centro recreativo de Southport, en el noroeste inglés, donde tres niñas perdieron la vida.

Los grupos de ultraderecha reaccionaron a ese caso tras divulgarse información falsa por las redes sociales que afirmaban que el autor del ataque -Axel Rudakubana- era un solicitante de asilo, cuando en realidad nació en Gales de padres ruandeses.

En una sesión de urgencia de la cámara, en receso veraniego, los parlamentarios votaron a favor de una moción presentada por el multiconfesional Partido Alianza, tercera fuerza regional y socia en el Ejecutivo de poder compartido entre nacionalistas-católicos y unionistas-protestantes.

Su líder y ministra de Justicia, Naomi Long, aseguró hoy que la violencia de los últimos días es fruto de la "diseminación de miedo e intimidación" a través de "peligrosas" campañas de "desinformación y lavado de cerebro" dirigidas por radicales desde la redes sociales.

"No hay lugar para el odio en nuestra sociedad", subrayó Long, quien prometió actualizar las leyes sobre delitos de odio para asistir a las víctimas y mejorar la eficacia de la Policía autónoma (PSNI) ante el avance de los radicales violentos.

La ministra reconoció que el cuerpo ha tenido "una tarea muy difícil" para atajar los recientes disturbios, pero destacó que están trabajando para llevar a los involucrados ante la justicia.

Refuerzos policiales para afrontar disturbios

En este sentido, la PSNI confirmó este jueves que ha pedido ayuda a otros cuerpos del Reino Unido para afrontar las protestas anti-inmigración programadas para los próximos días, con la llegada de más agentes que brindarán "resiliencia y apoyo vitales" en "desordenes y manifestaciones", según un comunicado.

"Todas nuestras comunidades de emigrantes, todas nuestras comunidades diversas se sienten amenazadas, sienten un miedo que no he experimentado ni he visto en 40 años de servicio policial", declaró el superintendente de la PSNI, Jon Boutcher, quien se reunió hoy con el Ejecutivo autónomo para informar sobre la situación, antes de la votación en la Asamblea.

En una comparecencia conjunta tras ese encuentro, la ministra principal norirlandesa, la republicana Michelle O'Neill, reconoció que los recursos policiales son limitados como resultado de la austeridad impuesta por los gobiernos conservadores durante 14 años, hasta su derrota a manos de los laboristas en las pasadas elecciones generales.

"Pero seamos claros, esta es una actividad racista", insistió la líder del Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo IRA, en referencia a los ataques sufridos por negocios y hogares de minorías étnicas en los últimos días en Irlanda del Norte.

"Hoy debemos enviar un mensaje muy claro a todas esas personas que se han visto afectadas, que decimos 'no' a esto, que decimos 'no' al racismo", declaró O'Neill.

Nacionalistas y Unionistas, juntos contra el racismo

La viceministra principal, la unionista Emma Little-Pengelly, también calificó de "inaceptables" las violentas protestas y los incidentes de odio, si bien aceptó que una parte de la sociedad tiene "preocupaciones genuinas" respecto al acceso a los servicios públicos o "una vivienda asequible".

"La violencia nunca es la solución, siempre estará mal. Ese mensaje es claro. Hoy nos oponemos firmemente a la violencia, los desórdenes y el racismo, sin peros ni condicionantes", agregó la dirigente del Partido Democrático Unionista (DUP), segunda fuerza regional.

No obstante, el probritánico DUP quiso matizar la moción original del Partido Alianza al introducir una enmienda que expresaba que la "protesta pacífica es un pilar fundamental de cualquier democracia y debe ser protegida", un añadido que fue rechazado por la mayoría de la Asamblea.

El DUP, según los observadores, quería adelantarse con ese texto a una propuesta similar de la Voz Tradicional Unionista (TUV), una formación radical más tibia con las protestas organizadas esta semana exclusivamente en zonas protestantes. 

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La Academia Pontificia para la Vida, el organismo vaticano que se encarga de las cuestiones éticas en la Iglesia Católica, se ha abierto a «encontrar espacios legislativos compartidos» respecto al suicidio asistido y a la posibilidad de suspender la nutrición e hidratación de los pacientes en el fin de la vida.

Esta apertura aparece en un manual titulado «Pequeño léxico del final de la vida» publicado en la página Web de la Academia Pontifica para la Vida y escrito por su presidente, Vincenzo Paglia.

En el documento se reitera con firmeza el rechazo de la Iglesia católica a la eutanasia y dice que puede provocar «una especie de petición inducida por parte de personas que, frágiles por la enfermedad, se sienten una carga para sus familias y para la sociedad».

Se subraya también el no de la Iglesia a la «obstinación terapéutica» (aplicación de métodos extraordinarios y desproporcionados de soporte vital) pero se recomienda «continuar tratando con los cuidados paliativos y acompañando, incluso cuando se toma la decisión de suspender o no activar tratamientos considerados desproporcionados».

Destaca la importancia de los cuidados paliativos, que pueden «evitar la soledad, los miedos, las presiones indebidas hacia la petición de la eutanasia o el suicidio asistido», así como también se rechazan las «órdenes de tratamiento anticipado», el llamado testamento vital.

Pero en cuanto a la «nutrición e hidratación artificiales» proporcionadas, por ejemplo, a pacientes en estado vegetativo permanente, la Academia Pontificia para la Vida se remite al «criterio de proporcionalidad de los tratamientos» para subrayar que no se trata de «simples procedimientos asistenciales y del médico».

«Se requiere respetar la voluntad del paciente que las rechaza con una decisión consciente e informada, incluso expresada previamente en previsión de la posible pérdida de la capacidad de expresarse y elegir», dice el documento. aunque «debe ser declinada con discernimiento en casos concretos».

«En estas circunstancias, se puede admitir la mediación jurídica en una sociedad pluralista y democrática, en la que los creyentes están llamados también a participar en la búsqueda del bien común que la ley pretende promover», escribe Paglia. 

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