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Cuba recibió este martes a 48 migrantes irregulares deportados en un vuelo procedente de Estados Unidos, con los que ya son 1.030 los insulares devueltos desde varios países de la región en 65 operaciones de retorno realizadas en lo que va de 2024, según informaron medios oficiales.

De este grupo de migrantes -integrado por 43 hombres y 5 mujeres- 7 habían abandonado la isla ilegalmente por la vía marítima, aunque la mayoría salió de manera legal y después se incorporaron a rutas irregulares para llegar a la frontera estadounidense, de acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior (Minint).

Uno de los devueltos "fue detenido porque al salir ilegalmente del país, se encontraba requerido por los órganos de justicia", añade la nota.

El pasado viernes, otros 41 migrantes irregulares cubanos fueron devueltos por el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (USCG) a través del puerto de Orozco, en la provincia de Artemisa, luego de interceptarlos en el Estrecho de la Florida.

Los Gobiernos de La Habana y Washington tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean devueltos a Cuba.

También reanudaron en abril de 2023 los vuelos de deportación, principalmente para personas consideradas "inadmisibles" tras estar retenidas en la frontera de EE.UU. con México.

De acuerdo con un reciente informe de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) estadounidense, en junio fueron 17.563 los cubanos que llegaron a Estados Unidos, la menor cantidad durante un mes calendario del actual año fiscal 2024 que comenzó en octubre pasado.

Según sus datos, con esa cifra sumaron 180.925 los cubanos que han ingresado en EE.UU. en los últimos nueve meses y calcula que de mantenerse ese ritmo, al término del año fiscal (septiembre de 2024) entrarían alrededor de 245.000 cubanos.

Desde principios de año también fueron deportados cubanos en vuelos comerciales desde Islas Caimán, Bahamas y República Dominicana.

Cuba registra en los últimos tres años un éxodo migratorio sin precedentes tanto por el volumen de migrantes como por su extensión temporal debido a la grave crisis económica con frecuentes cortes eléctricos, escasez de productos básicos, medicinas y combustible, inflación y una dolarización parcial de la economía.

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 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró este martes al considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, nuevo ministro de Interior y Justicia -un despacho que ya dirigió en 2002-, para que traiga «paz» al país, que vive una crisis política luego de las elecciones del 28 de julio.

En un acto televisado, Maduro dijo que Cabello también será «vicepresidente de Gobierno», al asumir esta cartera de Estado que estaba liderada por Remigio Ceballos, cuyo destino no explicó el mandatario.

«Diosdado trae suerte (…) sabe mucho de paz, sabe mucho de justicia», dijo Maduro, que destacó la capacidad de Cabello para «consolidar la paz» frente a «tanta conspiración».

Luego del anuncio, Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), tomó la palabra y aseguró que trabajará para que Venezuela «se encamine por el rumbo de la paz con justicia» y para que «aquellos que han actuado en contra de la ley» sean procesados.

El pasado 30 de julio, Cabello amenazó a miembros de la oposición mayoritaria, entre ellos al abanderado en las presidenciales, Edmundo González Urrutia, y a su principal valedora, María Corina Machado, con que los van «a joder», luego de que ambos políticos rechazaran la victoria otorgada por el ente electoral a Maduro en los comicios de julio.

En el acto de hoy, Maduro ratificó en sus cargos a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez -a la que nombró, además, titular de Petróleo-; al canciller, Yván Gil; así como a varios ministros, entre ellos el de Defensa, Vladimir Padrino López, el miembro del Ejecutivo con más tiempo en el puesto.

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Un juez federal del estado de Texas decidió este lunes bloquear un programa del presidente Joe Biden que buscaba regularizar la situación de cerca de medio millón de indocumentados, cónyuges o hijastros de ciudadanos estadounidenses.

Todo ello después de que el pasado viernes una coalición de 16 estados liderados por republicanos demandara al Gobierno estadounidense para detener el programa Keeping Families Together (Mantener unidas a las familias), que abrió sus inscripciones el lunes pasado.

Este plan se apoya en el llamado 'Parole in place', que otorga un permiso temporal para permanecer en EE.UU., ofreciendo protección frente a la deportación, así como la posibilidad de obtener un permiso de trabajo.

Pero lo más importante es que permite a los beneficiados realizar el proceso para obtener una residencia permanente en EE.UU. por estar casado o ser hijastro de un ciudadano estadounidense sin tener que salir del país.

El juez J. Campbell Barker del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió una suspensión administrativa mientras el tribunal considera la denuncia, que estuvo encabezada por el polémico fiscal general de Texas, Ken Paxton.

El juez consideró que la demanda plantea preguntas legítimas sobre la autoridad del poder ejecutivo del Gobierno para eludir al Congreso y establecer políticas de inmigración.

Por lo tanto, tras esta suspensión la Administración podrá seguir aceptando solicitudes, pero ya no podrá procesarlas.

Según Paxton, la norma viola la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las leyes de inmigración.

Para poder adherirse al programa, el solicitante debe haber vivido en el país un mínimo de 10 años y estar casado antes del 17 de junio pasado.

La Administración Biden estimó que aproximadamente 500.000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y unos 50.000 hijastros son elegibles.

Desde que fue anunciado en junio pasado, los sectores ultraconservadores habían amenazado con retarlo en las cortes y han acusado a la Administración demócrata de utilizarlo como parte de la campaña para retener la Presidencia.

Texas ha liderado varias batallas legales contra el Gobierno Biden por temas de inmigración, entre ellas una que solicita poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que favorece a miles de jóvenes "soñadores" desde 2012. 

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El contingente de policías kenianos desplegado en Haití para restablecer la seguridad en el país, presa de la violencia de pandillas, "registró progresos significativos", anunció el lunes la policía de Kenia, que indicó que se recuperó el control de "infraestructuras esenciales".

Haití sufre desde hace décadas la violencia de grupos armados, que controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe, e importantes ejes del país.

En este contexto, se puso en marcha una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MMAS), apoyada por la ONU, que, en principio, estará activa un año (hasta octubre de 2024).

La misión debe apoyar a la policía de Haití en sus operaciones contra las pandillas y la criminalidad, garantizar la seguridad de las infraestructuras y facilitar el acceso de los civiles a la ayuda humanitaria.

Dos meses después de la llegada del primer contingente de policías kenianos, la MMAS "registró progresos significativos" y pudo arrebatarle a las pandillas "el control de infraestructuras esenciales, como el aeropuerto", informó la policía keniana en la red X.

ABRIR RUTAS CRUCIALES

Además, la misión también abrió "rutas cruciales que permitieron el retorno de miles de haitianos desplazados", de los 600.000 que, según la ONU, hay en el país.

De momento Kenia envió a Haití a 400 policías, de un total de 1,000.

En la misión, que estará formada por 2,500 efectivos, también participarán otros países como Bangladés, Benín, Chad, Bahamas y Barbados. Estados Unidos contribuye con fondos y apoyo logístico.

La violencia se ha intensificado desde principios de año y forzó a dimitir al primer ministro, Ariel Henry. Desde entonces, se establecieron unas autoridades de transición encargadas de restablecer la seguridad y organizar elecciones.

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Un jovencito de 17 años, presuntamente dominicano, recibió un disparo en la cara y otro el pecho este fin de semana próximo al edificio 128 de la avenida Sherman, entre las calles Dyckman y Academy, en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan.

La policía dijo que el tiroteo ocurrió aproximadamente a las 2:12 de la madrugada de este sábado. En la escena los agentes encontraron varios casquillos de pistola.

Los servicios médicos de urgencia llevaron al joven al Hospital de Harlem y luchan para salvarle la vida, se informó.

El motivo del tiroteo sigue siendo desconocido, y el pistolero huyó, dijeron fuentes policiales.

En el área del cuartel 34, ubicado en Broadway con la calle 183 (Washington Heights), la violencia con armas de fuego ha aumentado un 75%, con 14 tiroteos hasta el 18 de agosto de este año. En 2023 se reportaron 8 balaceras en el mismo periodo de tiempo.

Las agresiones graves también han aumentado un 7,1 % este año, según el informe más reciente de CompStat.

Cualquier persona que tenga información sobre este tiroteo puede llamar a Crime Stoppers al 800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

El público también puede enviar sus denuncias ingresando en https://crimestoppers.nypdonline.org/  o en X @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

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 El Gobierno estadounidense consideró este viernes que la ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio «no es creíble».

«Esta resolución carece de toda credibilidad dada la abrumadora evidencia de que González recibió la mayoría de los votos», dijo en un comunicado el Departamento de Estado en referencia al abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia.

La nota destacó que las actas «disponibles públicamente y verificadas de forma independiente muestran que los votantes venezolanos eligieron a Edmundo González como su futuro líder».

«Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. Ahora es el momento de que las partes venezolanas comiencen a hablar sobre una transición pacífica y respetuosa de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano», sostuvo el Departamento de Estado.

El TSJ, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó el jueves que los cuestionados resultados de las elecciones de julio le dieron la victoria a Maduro.

Su fallo, con el que esa corte concluye de manera «inequívoca e irrestricta» la revisión de las elecciones, se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso, a través de un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al TSJ los diez excandidatos presidenciales.

El Ejecutivo estadounidense subrayó este viernes que «los continuos intentos de reclamar fraudulentamente la victoria de Maduro sólo exacerbarán la crisis actual», y pidió además al presidente venezolano «liberar a quienes han sido detenidos por ejercer su derecho a la libre expresión».

«Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán defendiendo a los votantes venezolanos, cuya voluntad y derechos han sido socavados de forma continua desde el 28 de julio. Estamos dispuestos a apoyar un proceso inclusivo liderado por Venezuela para restablecer las normas democráticas», concluyó el Departamento de Estado. 

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Seis personas, incluido cuatro niños, murieron este viernes en un incendio que se desató en una casa en Novi Sad, la segunda ciudad de Serbia situada en el norte del país, informó la policía.

El incendio se declaró hacia las 03H00 locales y las víctimas pertenecen a una misma familia, indicó el ministro del Interior, Ivica Dacic.

“El Ministerio del Interior trabaja de manera activa para determinar las circunstancias de este trágico suceso”, afirmó en un comunicado.

El incendio podría haber sido originado por un patinete eléctrico conectado a la red eléctrica, añadió el ministro.

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Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá́, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron este viernes, de forma conjunta, el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que certificó el triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio.

En un comunicado conjunto difundido por la Cancillería chilena, los Gobiernos de los once países dudaron de "la supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral".

"Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas", agregaron.

Al hilo de este argumento, recordaron que "la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, tanto del CNE como el TSJ".

"Los países que suscriben, reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela. Al igual que el resto de la comunidad democrática internacional, continuaremos insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente", subrayaron.

Asimismo, "expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia", concluyeron.

La presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, quien lideró el peritaje judicial del resultado, anunció este jueves que la Sala Electoral "convalida" los resultados de los comicios del 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral.

La mayor coalición opositora venezolana, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, ganó por amplio margen las presidenciales y publicó "el 83,5 % de las actas electorales" para reforzar su reclamo, que ha sido respaldado por varios países y organizaciones nacionales e internacionales.

El CNE proclamó ganador a Maduro sin haber publicado los resultados desagregados, un punto que estaba contemplado en el cronograma de la contienda, lo que ha sido exigido por buena parte de la comunidad internacional.

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