Internacionales

CARACAS. Los presos más emblemáticos de la oposición venezolana, Leopoldo López y Antonio Ledezma, fueron encarcelados este martes luego de que la justicia les revocara el arresto domiciliario a pocas horas de la instalación de la Asamblea Constituyente, provocando la condena internacional.

Acusados de planear fugarse y de hacer llamamientos contra las elecciones impulsadas del presidente Nicolás Maduro, López y Ledezma, alcalde de Caracas, fueron sacados de sus casas por agentes del servicio de inteligencia en la madrugada.

Ambos fueron recluidos en la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de la capital, según confirmaron abogados y familiares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó “las acciones de la dictadura de Maduro” y dijo que considera al mandatario “personalmente responsable” de la salud y seguridad de ambos dirigentes.

“Son presos políticos encarcelados ilegalmente por el régimen”, señaló. “Reiteramos nuestro llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos”.

México, Colombia, Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil manifestaron su preocupación y rechazaron la medida.

España impulsará de su lado sanciones en la Unión Europea, que a su vez calificó el arresto como un “paso en la dirección errónea”. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgió al gobierno a resolver las tensiones.

López, de 46 años, fue excarcelado y puesto en arresto domiciliario el 8 de julio tras cumplir tres años y cinco meses de la pena de casi 14 años por “incitar a la violencia”, en las protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos en 2014.

Ledezma, de 62, fue capturado el 19 de febrero de 2015 acusado de una supuesta conspiración contra el mandatario -aún está en juicio-. Dos meses después recibió casa por cárcel por motivos de salud.

Sacado en pijama

Ledezma fue sacado de su casa en pijama entre los gritos de auxilio de una vecina, según imágenes difundidas en redes sociales. Su esposa, Mitzy Capriles, tildó la acción de “secuestro” y pidió desde España que un “equipo forense” lo examine.

El entorno de López difundió un video grabado por el dirigente por si volvía a ser encarcelado, en el que pidió seguir luchando contra el gobierno. También dio a entender que su esposa, Lilian Tintori, está embarazada de su tercer hijo.

Los abogados de ambos negaron tajantemente que los dirigentes buscaran escaparse, como argumentó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno.

La máxima corte alegó además que López tenía prohibido hacer “proselitismo político” porque su sentencia está en firme, mientras que Ledezma tenía la “obligación de abstenerse de emitir declaraciones”.

En los últimos días, ambos líderes publicaron videos en los que instaban a no votar en la elección de la Asamblea Constituyente, en la que la oposición no participó por considerarla un “fraude” con el que Maduro busca perpetuarse en el poder.

En la primera reacción del gobierno, el promotor de la Constituyente, Elías Jaua, opinó que las declaraciones de ambos dirigentes llamaban al “desconocimiento de las instituciones y resultados” de la votación.

Los comicios transcurrieron en medio de manifestaciones que dejaron 10 muertos, con lo que aumentó a unos 125 los fallecidos desde que inició una ola de protestas hace cuatro meses.

“Terminarán en una celda”

La revocatoria de la prisión domiciliaria elevó la tensión a horas de que se instale el jueves la Constituyente en el Palacio Legislativo, donde sesiona el Parlamento.

La oposición movió para ese día la convocatoria de una marcha, prevista para el miércoles hasta bien entrada la noche. Buscan denunciar la “ilegitimidad” de la asamblea, desconocida por una decena de países, entre ellos Estados Unidos, que el lunes impuso sanciones contra Maduro y la semana pasada a 13 funcionarios.

“Algunos terminarán en una celda”, advirtió el presidente, quien dijo que la Constituyente podría levantar la inmunidad a parlamentarios opositores para someterlos a la justicia, y “tomar el control” de la Fiscalía.

Al anunciar que no reconoce la Constituyente y asegurar que el gobierno tiene “ambición dictatorial”, la fiscal general, Luisa Ortega, chavista rebelada contra Maduro, dijo estar segura de que van tras su “cabeza”.

Dos magistrados de una corte suprema paralela nombrada por el Parlamento de mayoría opositora siguieron el ejemplo de otra jueza y buscaron protección en la embajada chilena en Caracas.

“Está cantada la radicalización política y económica” después de la Constituyente, opinó el analista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.

por Maria Isabel SANCHEZ

Washington

Estados Unidos probó hoy con éxito el lanzamiento de un misil balístico intercontinental desarmado desde una base militar en California hasta un atolón en el Pacífico, informó la Fuerza Aérea norteamericana.

El lanzamiento del misil Minuteman 3 se efectuó a las 2.30 hora local (9.30 GMT) desde la base aérea de Vandenberg, a unos 130 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, hasta el atolón de Kwajalein a través del Pacífico, según un comunicado citado por medios locales.

"Si bien no es una respuesta a las recientes acciones de Corea del Norte, la prueba demuestra que la actividad nuclear de Estados Unidos es segura, eficaz y está lista para poder disuadir, detectar y defenderse de los ataques contra EEUU y sus aliados", dice la Fuerza Aérea en su nota.

Se trata de la cuarta prueba de un misil Minuteman efectuada por EEUU este año, en medio de tensiones crecientes con Corea del Norte, que el pasado viernes lanzó un nuevo misil balístico intercontinental con capacidad para alcanzar el territorio estadounidense.

El presidente de EEUU, Donald Trump, condenó ese nuevo lanzamiento de Corea del Norte y adelantó que iba a tomar "todas las medidas necesarias" para proteger a su país y a los aliados en la región.

La base de Vandenberg ya había anunciado que hoy iba a lanzar el misil con el objetivo de "validar y verificar la efectividad, preparación y precisión" del sistema, según un comunicado.

El ensayo se produce, además, después de que el pasado domingo Estados Unidos desarrollara con éxito una nueva prueba de su sistema antimisiles THAAD en Alaska.

PANAMÁ. La Fiscalía de Panamá anunció hoy que firmó un “acuerdo de colaboración eficaz” con Odebrecht que incluye el compromiso de la empresa de pagar una “sanción económica por el orden de 220 millones de dólares”.

El acuerdo de colaboración eficaz se firmó el pasado 26 de julio e incluye además la obligación de la constructora de suministrar al Ministerio Público (MP-Fiscalía) “toda la información relacionada con Panamá que cualquiera de sus empleados, dirigentes o terceros contratados conozcan”, dijo la fiscal general del país, Kenia Porcell.

“Panamá es hasta este momento el país que ha impuesto a la empresa Odebrecht la multa más alta, 220 millones de dólares”, dijo en una comparecencia pública Porcell, que reveló que las negociaciones con la constructora brasileña para llegar al acuerdo de colaboración se prolongaron unos 8 meses.

La fiscal general destacó que la sanción económica de 220 millones de dólares incluye “una multa de 100 millones de dólares por el uso del sistema bancario y financiero de Panamá, porque” se utilizaron “para mover dinero hacia otras jurisdicciones como fue Suiza y Estados Unidos”.

“En ese sentido es la primera vez que esto se hace, y lo ha hecho este Ministerio Público y creo que es un mensaje para todos de que no se puede utilizar el sistema bancario y financiero para ejecutar acciones de blanqueo de capitales”, afirmó Porcell.

La procuradora dijo que espera que antes de diciembre próximo haya concluido la investigación panameña por la trama de corrupción de la constructora brasileña y se pueda concretar la “validación” del acuerdo firmado con Odebrecht.

La validación u “homologación del acuerdo que se hace en una audiencia pública y oral en donde todos pueden ver, escuchar y enterarse de qué fue lo que ocurrió en la trama de corrupción de Odebrecht en Panamá”, explicó la fiscal general.

Porcell recalcó que desde el inicio de las pesquisas, en septiembre de 2015, hasta la fecha, se han abierto 26 investigaciones relacionadas con la constructora brasileña, en el marco de las cuales hay 43 personas procesadas, de las cuales 24 son panameñas e incluyen a “exministros y familiares de altas autoridades del pasado y actual Gobierno”.

También están imputados “13 brasileños; 1 norteamericano, 1 peruano, 1 uruguayo, 1 británico y 2 andorranos”; están aprehendidos “más de 56 millones de dólares entre bienes y dinero aprehendido, así como dinero encontrado en otras jurisdicciones como Andorra y Suiza”.

Además de “49 solicitudes de asistencia judicial internacional países como Brasil, EE.UU., Suiza, Andorra, España, Bahamas, Antigua y Barbuda; Islas Vírgenes, México, Guatemala y Uruguay, además de 2 alertas rojas contra dos personas con ordenes de detención con fines de extradición”.

La fiscal general reiteró que las investigaciones en Panamá abarcan las actuaciones de la Odebrecht, que es el principal contratista del Estado, desde 2004 hasta la fecha en el país.

Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, entre ellos Panamá, en donde desembolsó 59 millones de dólares entre 2009 y 2014.

Caracas

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, anunció hoy que no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) elegida el domingo pese al rechazo de parte de la sociedad y la comunidad internacional, y que tomará todas las medidas en su mano para evitar que se instaure.

En una resolución aprobada por los diputados presentes, todos ellos opositores ante la ausencia ya habitual de la minoría oficialista, el Parlamento se compromete a adoptar "todas las medidas y acciones a deponer a la ANC como poder ilegítimo" y para "restablecer efectivamente la vigencia de la Constitución" actual.

La sesión se celebró con la presencia de los embajadores de España, México, Francia y el Reino Unido, en una muestra de respaldo al Parlamento ante la posibilidad de que la ANC se instale en el Palacio Federal Legislativo y se hagan efectivas las amenazas de disolución y eliminación de la inmunidad parlamentaria que pesan contra la Cámara.

"Ratificar que el pueblo (...) desconocerá toda forma de gobierno despótico que derive de la ANC sin que el pueblo quede vinculado a deber de obediencia alguna frente a tal constituyente", se dice en el texto aprobado, que añade: "Solo serán reconocidas las autoridades que surjan de elecciones democráticas libres"

En la misma resolución, el Parlamento instó a la Fiscalía a investigar los "actos criminales contra los manifestantes" y los "delitos cometidos en la organización y realización del proceso electoral de la ANC", que la oposición y la propia fiscal general consideran antidemocrático y un intento de consolidar una dictadura.

La Cámara abogó asimismo por conformar un "frente de acción común de los Estados" que se han pronunciado contra violaciones de la democracia en Venezuela, y recordó que sigue asumiendo el mandato de los 7,5 millones de ciudadanos que votaron contra la ANC en la consulta organizada al margen del Gobierno por la oposición el 16 de julio.

Más de ocho millones de personas, según el Gobierno, eligieron el domingo a quienes integrarán la ANC, una estructura que debe cambiar la Constitución y tendrá plenos poderes para reordenar el Estado y depurar sus instituciones.

El resultado fue calificado de fraudulento por la oposición y numerosos sectores sociales, que no participaron en él y denunciaron su falta de legitimidad al no haber sido sometido el proceso a un referendo de aprobación previo.

Candidatos electos y el propio presidente Nicolás Maduro han anunciado que, una vez instalada en el Palacio Federal Legislativo que ahora alberga al Parlamento, la Constituyente servirá para eliminar la inmunidad parlamentaria de los actuales diputados, intervenir instituciones críticas como la Fiscalía.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) calcula que solo 12 % de los venezolanos con derecho a voto fueron ayer a las urnas para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente, Nicolás Maduro, para cambiar la Carta Magna.

Así lo afirmó ayer en nombre de la MUD el diputado Andrés Velásquez, quien cifró en 2.483.073 la cantidad de votos contabilizados en los centros de votación hasta las 18.00 hora local (22.00 GMT), cuando estaba previsto que cerraran los colegios antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) extendiera el horario.

Horas antes, la también diputada Delsa Solórzano anunció en nombre de la MUD que 9 % del total de los casi 19,5 millones de venezolanos inscritos en el padrón electoral hicieron uso del voto. Según las proyecciones de Solórzano, que contrastan con la “participación masiva” que celebra el oficialismo, cerca del 25 % de quienes sí fueron a los colegios electorales emitieron votos nulos, una cifra que atribuye a “los empleados públicos que consideraron que estaban obligados a acudir a este proceso fraudulento”.

“Participación hoy (ayer) no llegará ni siquiera a requerimiento de 15 % electores que podría solicitarla según art.348 CRBV !Fracasaste Maduro!”, dijo en Twitter el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, en alusión a la Constitución venezolana vigente.

Según dijo Capriles, quien cifró el número de votos en 2,2 millones a las 15.00 hora local, la alianza opositora tiene al menos un informador en todos los centros de votación.

El Consejo Nacional Electoral extendió una hora el horario de los colegios electorales -que debían cerrar a las 18.00 hora local (22.00 GMT)- ante la afluencia masiva que dice haber registrado en los centros.

Protestas

La votación de ayer en Venezuela estuvo marcada por las protestas callejeras contra la Constituyente en ciudades de todo el país, que han sido reprimidas por la Policía y la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) y se han saldado hasta el momento con al menos ocho muertos según la Fiscalía, una cifra que la MUD eleva a 14.

Varios diputados y otros cargos públicos opositores han denunciado ataques de “colectivos” (grupos de civiles a menudos armados, que dicen dedicarse a defender la revolución) contra manifestantes en varios puntos del país.

La oposición y actores sociales como la iglesia venezolana, la patronal, algunos sindicatos, diversos rectores universitarios y países como Argentina, Perú, Panamá, México y Colombia rechazan el proceso constituyente y no reconocerán la Asamblea que se instale tras la elección de ayer.

La oposición y otros de estos sectores ven en el proceso, iniciado por Maduro sin un referendo de aprobación previo, una forma de que el chavismo gobernante pueda consolidar una dictadura en el país caribeño.

MASIVA

El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, consideró que hubo una participación récord en la elección, en la cual "Venezuela dio un ejemplo para todo el mundo". 

SIETE PAÍSES NIEGAN RECONOCIMIENTO

México, Colombia, Panamá, Argentina, Costa Rica, Perú y Estados Unidos anunciaron que no reconocerán los resultados de la votación de la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y denunciada como fraudulenta por la oposición.

“La elección fraudulenta de Maduro es otro paso hacia la dictadura.

No aceptaremos un gobierno ilegítimo.

El pueblo venezolano y la democracia prevalecerán”, escribió Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, en un tuit.

México sostuvo que “no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente” y lamentó que el Gobierno de Venezuela “haya decidido llevar a cabo unos comicios contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente, que no se apegan a la Constitución de la República y que profundizan la crisis”, dijo la cancillería en un comunicado.

Argentina declaró que “no reconocerá los resultados de esa elección ilegal”, en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la cancillería.

Igualmente, Perú expresó que “no reconoce los resultados de la ilegítima elección realizada hoy (domingo) para conformar una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela”.

CARACAS. La oposición venezolana descartó boicotear la elección de la asamblea constituyente del domingo, como habían planteado antes algunos dirigentes, y, en cambio, llamó a sus simpatizantes a concentrarse pacíficamente en las principales arterias viales para protestar contra estos comicios “fraudulentos”.

El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles indicó en rueda de prensa este viernes y en nombre de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que el rechazo a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que redactará una nueva Carta Magna, no se expresará en los centros de votación.

Asimismo, explicó que las oficinas regionales de la MUD anunciarán la arteria vial donde se concentrarán los opositores en los 23 estados del interior “porque van a haber dos fotos, el centro electoral vacío y las principales avenidas y arterias del país llenas”, sostuvo.

“El día lunes vamos a seguir luchando, y el día martes vamos a seguir luchando, yo no soy para nada pesimista frente a la situación de mi país”, prosiguió Capriles tras asegurar que la expectativa de participación en los comicios del domingo “es muy mala”.

El también gobernador del estado Miranda (norte) dijo que la oposición hizo “todo para evitar el fraude constituyente”, pero el Gobierno “no entró en razón”.

A juicio de Capriles, con la constitución de la ANC que tendrá poderes para reformar el Estado sin que ninguna institución pueda oponerse el chavismo gobernante desde hace 18 años estará “acelerando su salida”.

Los opositores al presidente, Nicolás Maduro, cerraron este viernes algunas calles y avenidas con barricadas, obstáculos y montones de basura como forma de protesta que se mantendrá hasta el sábado a mediodía.

Maduro, en cambio, pidió a la MUD rendirse en sus intentos por sacarlo del poder al que llegó en 2013.

“Están derrotados, ríndanse señores de la MUD, están derrotados y el pueblo les va a dar una lección y un castigo el próximo 30 de julio, el pueblo los va a castigar con su voto, para que aprendan, para que se pongan serios”, dijo el mandatario desde Caracas en un acto con simpatizantes.

El mandatario encabezó ayer una serie de actos conmemorativos, todos transmitidos por VTV, con los que el oficialismo honró esta fecha en la que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) estuviera cumpliendo 63 años.

Entretanto, el canciller del país caribeño, Samuel Moncada, acusó a Estados Unidos de crear deliberadamente alarma en el país con la intención de sembrar el caos, después de que Washington ordenara al personal diplomático y sus familias salir de la nación antes de las elecciones del domingo.

“Están creando la sensación de que estamos al borde de una guerra, y que la insurrección fascista que ellos promueven está venciendo”, dijo Moncada.

Esa sensación de la que habla Moncada se pudo haber visto reforzada ayer luego de que la aerolínea colombiana Avianca, la estadounidense Delta y la francesa Air France anunciasen que interrumpirán el traslado de todos sus pasajeros que tienen reserva de vuelos desde y hacia Caracas en los próximos días.

Asimismo, los gobiernos de España, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú reiteraron sus llamamientos a Maduro para que suspenda este proceso constituyente que es visto por la MUD como un intento del Ejecutivo por “consolidar una dictadura” en el país petrolero.

Sin embargo, el Poder Electoral afirmó que 96 % de los centros electorales ya han sido instalados pese a hechos de “violencia política” en 53 de los 335 municipios de Venezuela.

El Consejo Nacional Electoral, que aplicará varios planes de contingencia el domingo para hacer frente a “amenazas antidemocráticas” de los detractores de la Constituyente, autorizó que los votantes puedan sufragar en cualquier mesa dispuesta en el municipio al que pertenezcan.

La oleada de protestas que se inició el 1 de abril y ha dejado 109 muertos se mantuvo durante la jornada y desencadenó en un nuevo hecho violento.

Decenas de personas entraron a un colegio electoral en la localidad de Tovar, en el occidental estado venezolano de Mérida, y sustrajeron y quemaron las máquinas de votación y el material dispuesto para los próximos comicios.

Con todo, el Tribunal Supremo ordenó ayer encarcelar al alcalde opositor Alfredo Ramos durante 15 meses, tres días después de dictar una medida similar contra otro gobernante opositor, y citó para el próximo 2 de agosto a Carlos García, burgomaestre también contrario al Gobierno.

NUEVA YORK. El presidente de EE.UU.. Donald Trump, arremetió ayer duramente contra la banda criminal MS-13 y otros grupos violentos, a los que se comprometió a destruir y cuya formación atribuyó a la inmigración ilegal permitida por pasadas Administraciones.

“Son animales. Como sociedad, no podemos tolerar que se vierta sangre de gente inocente, joven, maravillosa y vibrante”, afirmó Trump en un discurso pronunciado en el condado de Suffolk, en el estado de Nueva York, una región especialmente afectada por la violencia pandillera.

El mandatario estadounidense quiso reforzar así su mensaje de la necesidad de intensificar los esfuerzos de EE.UU. para reforzar las fronteras del país y combatir el crimen de bandas organizadas, que vincula a la inmigración ilegal.

“Juntos vamos a restaurar la seguridad de nuestras calles y la paz de nuestras comunidades y vamos a destruir al repugnante cartel criminal de MS-13 y otras bandas”, dijo el mandatario frente a cientos de miembros de las fuerzas del orden, a quienes agradeció repetidamente su labor.

El jefe de Estado detalló el carácter sanguinario de la MS-13, un grupo criminal internacional conocido también como “Mara Salvatrucha” compuesto principalmente por ciudadanos de Centroamérica que se originó en Los Ángeles en los años 80 y que en el pasado año y medio ha matado a al menos 17 personas en el condado de Suffolk.

“Han asesinado a niñas pequeñas, secuestrado, extorsionado, violado y robado. Les han dado palizas con bates, cortado con machetes y apuñalado con cuchillos”, destacó Trump, que dijo además que el MS-13 ha convertido “vecindarios tranquilos en campos de matanza teñidos de sangre”.

El mandatario culpó de la situación a la inmigración y a la debilidad de pasadas Administraciones a la hora de controlar la entrada ilegal de ciudadanos de otros países.

“A todos se les dejó pasar en un periodo corto de tiempo, no durante el mío, pero les vamos a sacar, les vamos a enviar a las cárceles y luego de vuelta a su país”, declaró entre aplausos de los asistentes.

Trump insistió además en la necesidad de la construcción del muro fronterizo entre EE.UU. y México para frenar la entrada de estos miembros de bandas criminales.

“Vamos a construir ese muro”, reiteró el presidente, que describió como una “herramienta vital” que no solo tendrá un impacto en la inmigración ilegal, sino en la entrada de drogas al país.

“Defenderemos nuestro país, protegeremos nuestras comunidades y pondremos la seguridad de nuestros ciudadanos primero. Se llama ‘América primero’”, dijo Trump en referencia a uno de los eslóganes de su campaña electoral más repetidos.

Asimismo, aplaudió la ruda actitud de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para con los sospechosos que arrestan.

“Por favor, no sean demasiado agradables”, dijo en referencia al momento del arresto de criminales por los miembros de ICE, a quienes instó a “quitar la mano” con la que protegen la cabeza de los detenidos cuando son introducidos en los vehículos oficiales.

Por otra parte, Trump afirmó que algunos países de Suramérica no estaban dispuestos a aceptar de vuelta a los ciudadanos que EE.UU. deporta, a lo que él respondió con la amenaza de reducir tratados de comercio.

“Les dije ‘vale, entonces cortamos los acuerdos’, y ahora ya los quieren de vuelta”, se jactó.

No es la primera vez que la actual Administración estadounidense arremete contra la violencia de bandas criminales ni que achaca su formación a la presencia de inmigrantes ilegales.

El fiscal general del país, Jeff Sessions, viajó a la misma zona de Nueva York hace tres meses para dar otro discurso en el que anunció una política de “tolerancia cero” frente a la MS-13, que afirmó introducen sus miembros en EE.UU. “casi de forma exclusiva a través de la frontera con México”.

Según cifras del Departamento de Justicia de EE.UU., el MS-13 cuenta con más de 30.000 miembros en el extranjero y más de 10.000 en al menos 40 estados de EE.UU.

Moscú

Washington deberá reducir en 745 personas su personal diplomático y técnico en Rusia por orden de Moscú, que le exigió este viernes igualar su representación en este país a los 445 funcionarios rusos que trabajan en Estados Unidos, reveló hoy la televisión estatal rusa "Rossia".

"Los ciudadanos estadounidenses deberán volver a casa, mientras que el personal ruso será despedido", precisó la cadena.

Moscú adoptó esta medida en respuesta a las últimas sanciones impuestas por Washington por la supuesta injerencia de Rusia en las últimas elecciones estadounidenses.

El vicepresidente de la Duma (cámara baja del Parlamento ruso), Serguéi Zhelezniak, adelantó ayer que unos 1.200 empleados trabajan en la embajada y los consulados que tiene EEUU en territorio ruso.

Además, el Ministerio de Exteriores ruso anunció que desde el próximo 1 agosto la Embajada de EEEU no podrá utilizar unos almacenes en la capital rusa ni tampoco la mansión de que dispone en Serebrianyi Bor, una elitista zona de descanso en Moscú.

En diciembre pasado, Washington también confiscó dos instalaciones diplomáticas rusas en Nueva York y Maryland, en respuesta a la supuesta injerencia rusa en la campaña presidencial de ese país.

La Cancillería rusa advirtió de que se reserva "el derecho a adoptar, en base al principio de reciprocidad, otras medidas que pueden afectar los intereses de EEUU".