Caracas

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, anunció hoy que no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) elegida el domingo pese al rechazo de parte de la sociedad y la comunidad internacional, y que tomará todas las medidas en su mano para evitar que se instaure.

En una resolución aprobada por los diputados presentes, todos ellos opositores ante la ausencia ya habitual de la minoría oficialista, el Parlamento se compromete a adoptar "todas las medidas y acciones a deponer a la ANC como poder ilegítimo" y para "restablecer efectivamente la vigencia de la Constitución" actual.

La sesión se celebró con la presencia de los embajadores de España, México, Francia y el Reino Unido, en una muestra de respaldo al Parlamento ante la posibilidad de que la ANC se instale en el Palacio Federal Legislativo y se hagan efectivas las amenazas de disolución y eliminación de la inmunidad parlamentaria que pesan contra la Cámara.

"Ratificar que el pueblo (...) desconocerá toda forma de gobierno despótico que derive de la ANC sin que el pueblo quede vinculado a deber de obediencia alguna frente a tal constituyente", se dice en el texto aprobado, que añade: "Solo serán reconocidas las autoridades que surjan de elecciones democráticas libres"

En la misma resolución, el Parlamento instó a la Fiscalía a investigar los "actos criminales contra los manifestantes" y los "delitos cometidos en la organización y realización del proceso electoral de la ANC", que la oposición y la propia fiscal general consideran antidemocrático y un intento de consolidar una dictadura.

La Cámara abogó asimismo por conformar un "frente de acción común de los Estados" que se han pronunciado contra violaciones de la democracia en Venezuela, y recordó que sigue asumiendo el mandato de los 7,5 millones de ciudadanos que votaron contra la ANC en la consulta organizada al margen del Gobierno por la oposición el 16 de julio.

Más de ocho millones de personas, según el Gobierno, eligieron el domingo a quienes integrarán la ANC, una estructura que debe cambiar la Constitución y tendrá plenos poderes para reordenar el Estado y depurar sus instituciones.

El resultado fue calificado de fraudulento por la oposición y numerosos sectores sociales, que no participaron en él y denunciaron su falta de legitimidad al no haber sido sometido el proceso a un referendo de aprobación previo.

Candidatos electos y el propio presidente Nicolás Maduro han anunciado que, una vez instalada en el Palacio Federal Legislativo que ahora alberga al Parlamento, la Constituyente servirá para eliminar la inmunidad parlamentaria de los actuales diputados, intervenir instituciones críticas como la Fiscalía.