BRUSELAS. La justicia europea se pronunciará el miércoles sobre la legalidad del plan de reubicación de refugiados en la Unión Europea, aprobado en plena crisis migratoria en 2015 pese a la fuerte oposición de países de la exórbita soviética.

En 2015, más de un millón de migrantes, en gran parte sirios huyendo de la guerra en su país, llegaron por mar a Grecia e Italia en la mayor crisis migratoria en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Para enfrentar esa importante llegada de migrantes, los 28 aprobaron en septiembre de ese año un plan bienal para repartirse en base a cuotas hasta 160.000 solicitantes de asilo llegados a ambos países mediterráneos.

Pero este plan que debía encarnar la solidaridad europea sacó a relucir las diferencias entre países, especialmente la oposición de los del Este. Hungría y Eslovaquia pidieron incluso su anulación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El alto tribunal se pronunciará el miércoles, si bien la decisión podría suponer un jarro de agua fría para estos países si los magistrados siguen la opinión del abogado general —como suele suceder— y rechazan sus recursos.

En sus conclusiones, el abogado general Yves Bot instó a finales de julio a rechazar los recursos, defendiendo a su vez que el plan es legal y contribuye “de forma efectiva y proporcionada” a la gestión de la crisis migratoria.

Hungría y Eslovaquia, que durante el proceso ante el TJUE contaron con el apoyo de Polonia, justificaban que este mecanismo adoptado por el Consejo de la UE era una respuesta insuficiente a la llegada de migrantes.

Sobre la escasa eficacia del plan, el abogado general apuntó a la responsabilidad de algunos países, como Hungría o Polonia, que no acogieron a ningún refugiado en el marco de este plan o de otros, como República Checa, que no hicieron los esfuerzos suficientes.

Esperada sentencia

A punto de cumplirse los dos años del plan, menos de 28.000 personas se trasladaron hasta el pasado 31 de agosto desde Italia y Grecia a otros países del bloque, lejos del objetivo inicial.

Y, según la Comisión Europea, sólo unas 5.000 personas en Grecia y algunos miles en Italia cumplirían con los requisitos para su reubicación, es decir, ser demandantes de asilo con posibilidades de obtener protección.

De las 160.000 reubicaciones previstas inicialmente, un tercio aproximadamente se asignó al pacto firmado en marzo de 2016 con Turquía, que se comprometió a acoger a refugiados sirios a cambio de ayuda económica, entre otros compromisos.

Desde entonces la llegada de migrantes a Grecia desde Turquía cayó de manera drástica, convirtiéndose la ruta hacia Italia, conocida como Mediterráneo Central, en la principal, si bien los migrantes que la toman no cumplen en su mayoría con los criterios de las reubicaciones.

El fallo del TJUE es muy esperado en el bloque, máxime cuando Bruselas decidió en junio iniciar acciones contra Hungría, Polonia y República Checa por su negativa a acoger refugiados e incumplir así la legislación comunitaria, que podrían saldarse con duras sanciones económicas.

Esta decisión aumentó la desconfianza de Varsovia y Budapest con la Comisión Europea, en un momento en que el bloque hace frente a la negociación de divorcio con Reino Unido, que en marzo de 2019 podría convertirse en el primer país en abandonar el proyecto europeo en seis décadas de historia.

El gobierno polaco, que mantiene un duro enfrentamiento con Bruselas por la controvertida reforma de su sistema judicial, consideró “ilegales” estos procesos sancionadores, mientras que Budapest los calificó de “chantaje”.