El Ministerio de Educación llamó a canalizar los reclamos docentes sin afectar la jornada escolar ni reducir las horas de docencia de los estudiantes

El Ministerio de Educación (Minerd) advirtió este viernes que el calendario y el horario escolar aprobados por el Consejo Nacional de Educación deben cumplirse en todos los centros educativos del país.

Las declaraciones surgen luego de que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dispusiera una reducción de la jornada escolar en las escuelas públicas del Gran Santo Domingo.

En respuesta a una solicitud de Diario Libre, el Minerd señaló que el cumplimiento del horario es fundamental para garantizar que los estudiantes reciban íntegramente el tiempo de aprendizaje que les corresponde.

"El calendario y el horario escolar aprobados por el Consejo Nacional de Educación deben cumplirse en todos los centros educativos del país, en garantía del derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a recibir la docencia y el tiempo de aprendizaje que les corresponde", indicó la institución.

El Ministerio sostuvo que uno de los principales desafíos del año escolar es mejorar la calidad de los aprendizajes, para lo cual consideró indispensable que los estudiantes permanezcan en las aulas y reciban el tiempo de docencia establecido.

Medidas anunciadas

La posición del Minerd se produce luego de que las 16 estructuras de la ADP en el Gran Santo Domingo comenzaran a aplicar, desde el pasado lunes 31 de agosto, un recorte del horario escolar como mecanismo de presión para reclamar el nombramiento de personal de apoyo en los centros educativos.

La medida contempla una reducción de una hora en la jornada escolar extendida y de 30 minutos en la jornada regular.

La ADP sostiene que los docentes llevan años reclamando al Ministerio la designación del personal que, según afirman, hace falta en las escuelas para garantizar el funcionamiento de los centros.

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, llamó a las autoridades educativas a atender el reclamo y disponer el nombramiento de conserjes, porteros, jardineros, serenos y docentes que, según aseguró, hacen falta en los centros.

"Lo que tienen que hacer es nombrar conserjes, porteros, jardineros, serenos y profesores que están haciendo falta", expresó Hidalgo.

Reacción oficial

Ante la situación, el Ministerio de Educación aseguró que mantiene abiertos los espacios de diálogo con el sector docente para abordar sus reclamos, pero insistió en que estos deben canalizarse sin afectar el desarrollo de la jornada escolar.

"Cualquier reclamo debe canalizarse sin afectar el desarrollo de la jornada escolar ni reducir las horas de docencia de los estudiantes", señaló la institución.

El Minerd también recordó que el horario escolar forma parte de los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Educación, organismo en el que participan los distintos sectores vinculados al sistema educativo.

En ese sentido, hizo un llamado a "honrar los acuerdos asumidos" y a trabajar junto con la comunidad educativa para garantizar que los estudiantes permanezcan en las aulas y mejoren sus aprendizajes.

La ADP, por su parte, ha señalado que la reducción del horario es una medida temporal y que los centros podrían retornar a su jornada habitual una vez que las autoridades atiendan sus reclamos.

Hidalgo manifestó su esperanza de que la respuesta del Ministerio llegue pronto y se regularice la situación.

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Entre los casos más recientes se encuentran Roldani Nicolás Calderón y Brianna Genao Rosario, ambos bajo investigación

Las desapariciones de seis niños, ocurridas entre 2022 y 2025, permanecen como "casos pendientes" en los registros de la Policía Nacional, de acuerdo a lo informado este viernes por esa institución.

Entre los casos más recientes figuran los de Roldani Nicolás Calderón y Brianna Genao Rosario, ambos correspondientes a 2025 y todavía bajo investigación y seguimiento de las autoridades, según informó el vocero de la Policía, Diego Pesqueira.

Al ampliar la revisión a años anteriores, la institución identificó otros cuatro casos: Fraynel Daniel Ciprián Montero y Ruth Esther Paredes Ramírez, reportados en 2023, así como Luis Ángel González Méndez y Kendry Esmil, correspondientes a 2022.

La Policía no ofreció detalles sobre los avances alcanzados en las investigaciones de estos casos.

Los expedientes fueron mencionados por la institución al hacer una aclaración sobre una publicación que circula desde agosto en redes sociales y que contiene una supuesta lista de 18 niños desaparecidos en República Dominicana entre 2024 y 2026. 

Recuento

Los casos de Roldani Nicolás Calderón y Brianna Genao Rosario presentan algunas similitudes. Roldani, de tres años, desapareció el 30 de marzo de 2025 en Jarabacoa, provincia La Vega. El niño se extravió mientras jugaba con otros menores en el patio de su casa.

De manera similar, Brianna Genao Rosario desapareció el 31 de diciembre de 2025 en Barrero, una comunidad del municipio de Imbert, mientras se desarrollaban actividades familiares en el lugar.

Fraynel Ciprián Montero permanece desaparecido desde febrero de 2023. El reporte de sus familiares señala que el menor, de cuatro años, salió solo de la banca donde trabaja una familiar y se dirigía a su casa, ubicada relativamente cerca, pero nunca llegó a la vivienda.

Ruth Esther Paredes, de 11 años, desapareció en marzo de 2023 en La Caleta, Boca Chica.

Luis Ángel González se extravió en febrero de 2022 en Vicente Noble, Barahona. Dos meses después se reportó la desaparición de Kendry Esmil, mientras jugaba en el patio de su vivienda en San Juan.

La Policía Nacional reiteró que mantiene activas las investigaciones relacionadas con los casos de personas desaparecidas y que continuará las diligencias para determinar el origen de la publicación y establecer quiénes son sus responsables.

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SANTIAGO. – Dos hombres fueron detenidos y 399 porciones de presunta marihuana fueron ocupadas durante varios operativos realizados por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con la Policía Preventiva, la unidad SWAT y los Lince, en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo con el informe policial, una de las intervenciones se produjo en el sector Los Jazmines, donde las autoridades alegan que operaba un punto de venta y distribución de sustancias controladas, presuntamente vinculado a un individuo conocido como “Chino”.

Durante el operativo, varias personas habrían emprendido la huida al percatarse de la presencia de los agentes, dejando abandonada una funda de tela que contenía 198 porciones de presunta marihuana, envueltas en recortes plásticos, además de una balanza.

En una segunda intervención, realizada en el sector Pekín, fue detenido Jesús Adolfo Jiménez Coldero, quien, según las autoridades, estaría presuntamente vinculado a un punto de venta de sustancias controladas.

A Jiménez Coldero, los agentes le ocuparon 101 porciones de presunta marihuana: 100 de menor tamaño y una de mayor dimensión, además de un teléfono celular iPhone.

Minutos más tarde, en el mismo sector, los agentes intervinieron a José Miguel Fermín, quien, de acuerdo con el reporte policial, intentó escapar al notar la presencia de las autoridades. Tras ser alcanzado y requisado, se le habría ocupado una funda que contenía otras 100 porciones de presunta marihuana.

En total, las operaciones dejaron como resultado dos personas detenidas y 399 porciones de presunta marihuana ocupadas, además de dos teléfonos celulares y una balanza.

Las autoridades informaron que los detenidos y las evidencias fueron remitidos a las instancias correspondientes para los fines legales de lugar, mientras continúan las investigaciones relacionadas con los puntos de presunta venta y distribución de sustancias controladas en Santiago.

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El criterio fue fijado en la sentencia TC/0840/26

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional (TC) estableció que una ficha contenida en el Registro de Control e Inteligencia Policial no puede permanecer clasificada indefinidamente, al determinar que, luego de diez años de su incorporación, debe perder esa condición y ser trasladada al archivo histórico de la Policía Nacional.

El criterio fue fijado en la sentencia TC/0840/26, mediante la cual el órgano constitucional acogió una acción de habeas data presentada contra la Policía Nacional y dispuso la recategorización de un registro que permanecía activo pese a que habían transcurrido más de diez años desde su inclusión.

El caso se originó a partir de una investigación policial realizada en enero de 2011. Sin embargo, una certificación expedida en julio de 2024 por el Archivo Central de Individualización Física y Antecedentes de la Policía Nacional confirmó que la ficha todavía aparecía con estatus «activo».

Para el TC, esa condición contravenía las disposiciones del Decreto 122-07, de marzo de 2007, cuyo artículo 9 establece que, una vez cumplidos diez años desde la incorporación de los datos al Registro de Control e Inteligencia Policial, estos dejan de tener carácter clasificado.

El tribunal aclaró que el vencimiento de ese período no significa que la información deba ser destruida o eliminada. Lo que corresponde es modificar su tratamiento: los datos dejan de estar clasificados y deben pasar al archivo histórico o “muerto” de la institución policial.

La decisión también destaca que la existencia de archivos internos de la Policía Nacional no constituye, por sí misma, una violación de derechos fundamentales.

Estos registros pueden mantenerse de manera reservada cuando respondan a fines legítimos de investigación criminal e inteligencia policial.

No obstante, el Constitucional puntualizó que el hecho de que una información deje de ser clasificada no significa que pueda hacerse pública. Su divulgación podría afectar derechos fundamentales como la intimidad y el honor de la persona a la que corresponden los datos.

En su decisión, el TC también cuestionó la actuación del Tribunal Superior Administrativo, debido a que no respondió de manera concreta al reclamo relacionado con el cambio de estatus de la ficha por haber superado el período de diez años establecido en la normativa.

Por esa razón, revocó la decisión mediante la cual había sido rechazada la acción de habeas data y ordenó que se aplicara el tratamiento correspondiente al registro, conforme al plazo establecido por el Decreto 122-07.

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