GINEBRA.- Los impuestos a servicios digitales en algunos países miembros de la UE, conocidos popularmente como “tasas Google”, generaron fricciones entre EEUU y la Unión Europea en la revisión de la política comercial de los Veintisiete que hoy finalizó en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Estados Unidos está extremadamente decepcionado con el hecho de que varios miembros de la UE hayan adoptado o se acerquen a la adopción de estos impuestos, que parecen diseñados para aumentar sus ingresos a costa de determinadas firmas estadounidenses”, señaló al respecto el embajador de EEUU ante la OMC, Dennis Shea.

En su intervención al inicio de los tres días de reuniones para analizar la política comercial europea, Shea no citó directamente a España, que aprobó esta semana este impuesto (aunque aplazó a diciembre su cobro), aunque sí el caso de Francia, que puso en marcha su “tasa Google” en 2019 y también la ha congelado.

“EEUU investigó el impuesto digital francés y concluyó que se trata de una medida discriminatoria por la selección de servicios que cubre y los umbrales de ingresos en los que se aplicaría”, señaló el embajador norteamericano.

Shea concluyó que los países que aprueben este tipo de impuestos están poniendo en peligro los esfuerzos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en pos de encontrar una solución consensuada por todas las partes.

En respuesta a las críticas de Estados Unidos y otros miembros de la OMC, el embajador europeo ante la organización, Joao Aguiar Machado, subrayó hoy que la Unión Europea “está totalmente comprometida a avanzar en el trabajo de la OCDE y el G20 para negociar una solución antes de finales de este año”.

Otros motivos de fricción entre EEUU y la UE en la revisión fueron las barreras sanitarias europeas a las importaciones agrícolas, que según Washington no tienen justificación científica, o el “nuevo pacto verde” adoptado por los Veintisiete para contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Para Estados Unidos las medidas de transición europea hacia una economía descarbonizada “tienen objetivos elogiables pero amenazan con afectar las cadenas globales de abastecimiento”, mientras que según la UE “son una estrategia para el crecimiento”, y no sólo surgida de preocupaciones medioambientales.

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