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Perplejos y desconcertados, así han quedado el gobierno y entidades representativas de Haití desde ayer, viernes, tras conocerse el fallo de un tribunal de Kenia que bloqueó el plan gubernamental de desplegar a 1.000 policías en ese país, al considerarlo “inconstitucional, ilegal e inválido”.

El mazazo de la justicia keniana trabó la última esperanza de los haitianos, prisioneros de la violencia brutal de las pandillas armadas, dejando estelas de sorpresa, desilusión y frustración.

Horas antes se vivía una atmósfera de optimismo al conocer del fuerte llamamiento de voces que a nombres de gobiernos en diferentes latitudes reclamaban que se actuara sin más demora para acabar con el drama haitiano.

Fue un nuevo y demoledor portazo lo que recibió Haití en medio de su afán por lograr el arribo de una misión multinacional que estaría compuesta por entre 2.500 y 2.600 efectivos y debía desplegarse en el primer trimestre de 2024.

El tribunal fue más categórico, porque también determinó que el Consejo de Seguridad Nacional de Kenia no tiene la autoridad para enviar agentes de seguridad al extranjero.

El Parlamento keniano había aprobado recientemente el despliegue de 1.000 policías en Haití para ayudar a las fuerzas de seguridad a combatir a las pandillas.

UN MOMENTO CRUCIAL

Entonces, ¿y ahora qué?, ¿cuál es el camino a recorrer en Haití en medio de este nuevo trance?

No hay señales a la vista que indique algún alivio allí, porque ya no sólo se trata de bandas armadas y un problemático Guy Philippe embravecido y amenazante, con su jura de una “revolución” de muerte y venganza, obra de su delirante obsesión por el poder.

El gobierno de Kenia anunció ayer, viernes, a través de su portavoz, Isaac Mwaura, que apelará la decisión del Tribunal Superior de Justicia, pero esto implica más espera para una población que apenas aguanta.

Y lo torna más complicado la decisión de la justicia de Kenia, porque alimenta la incertidumbre ante la proximidad del 17 de febrero, 21 días a contar desde hoy, cuando deberá producirse la transición de poder, y eso está allí, como reza el dicho popular, “color de hormiga”.

Sin ese cambio de mando no se produce, Haití queda expuesto a eventos peligrosos.

Los haitianos no gozan de instituciones fuertes pero, ante un cuadro imaginario de caos, el poder da vida y abundancia a unos pocos. Y es eso lo que está en juego ahora.

No hay forma de posponer la elección de un nuevo presidente y, si alguien lo intentare, desataría los infiernos y terminaría hundiendo al país. Tomando en cuenta su malogrado pasado, todo es posible en Haití a partir de ahora.

Todos los planes de la ONU, que esperaba la fuerza multinacional llegaría para el primer trimestre de 2024, han fracasado. El primer grupo, de 300 policías, llegaría el venidero febrero.

Esto ocurre cuando en ese país se agrava cada día la crisis política, humanitaria y de seguridad arrastrada durante años, que ya ha dejado inoperativas a todas las ramas del endeble gobierno del primer ministro Ariel Henry.

El fallo de del tribunal de Kenia implica que, por ahora, el despliegue de la fuerza multinacional, diseñada para frenar el desenfrenado caos en ese país, es incierto.

Por efecto, esto supone más riesgos de que las bandas se aprovechen de este enorme vacío y avancen hacia más números de sus casi 5,000 muertos, de estos al menos 2,700 civiles, dejados por sus ataques sangrientos durante 2023, según el último informe de Naciones Unidas.

Además, la población haitiana indefensa, que sufre la mayor carga de sufrimiento por el clima de horror expandido en barrios, comarcas y departamentos, podría sufrir los desplazamiento forzados y escapar, si puede, o esconderse, mientras se enfrenta a la falta de techo y alimentos .

EKURU AUKOT, EN GRAN GANADOR

El hombre detrás del revés infringido a los planes de despliegue de fuerzas de Kenia en Haití es el líder opositor Ekuru Aukot, del partido Thirdway Alliance (Alianza de la Tercera Vía).

Un repaso a lo ocurrido en Kenia desde que el gobierno aceptó liderar el contingente, atendiendo a los desesperados llamados de las autoridades haitianas y de la ONU, se encontró con la oposición tajante de Aukut.

Tan pronto el Parlamento keniano aprobó el plan, el 16 de noviembre de 2023, arrancó una ola de protestas en el país africano, siendo el líder opositor Ekuru Aukot la figura más visible y persistente.

De inmediato, Aukot presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Nairobi, alegando que la misión es anticonstitucional, porque no se apoya en ninguna ley ni tratado.

Y esto siguió ruta hasta que ayer, viernes 26 de enero, el juez del tribunal, Enock Chacha Mwita, dijo que el Consejo Nacional de Seguridad de su país no tiene ningún mandato para desplegar agentes de la policía nacional fuera de Kenia”.

“(Una) decisión así va en contra de la Constitución y de la ley y, por lo tanto, es inconstitucional, ilegal e inválida”, agregó.

El gobierno ya manifestó su intención de apelar el fallo, a lo que ya antes, adelantándose a esa posibilidad, Ekuru Aukot advirtió, hablando para la agencia AFP, que “los esperaremos en el Tribunal de Apelación e iremos hasta la Corte Suprema”.

El gobierno de Kenia tendrá que emplearse bien a fondo en este caso de apelación, siendo muy probable que sufra un nuevo revés y acabaron con las expectativas de un despliegue de sus fuerzas para restaurar allí la seguridad de los ciudadanos y el país se encamine por un sendero seguro.

Los magistrados del Tribunal Superior de Nairobi ya expusieron los fundamentos de su decisión, con un fallo en el que juzgan “inconstitucional, ilegal e inválido”, a su vez que le quitan toda autoridad legal al Consejo Nacional de Seguridad de su país para desplegar agentes de la policía nacional fuera de Kenia.

Viendo la fuerza de los términos contenidos en esa decisión, resulta difícil pensar que los jueves de ese ente de justicia se retracten de su fallo.

Por eso, el futuro de Haití, si se aferra a una misión de Kenia para liberarse de sus tantas desgracias, pinta nebuloso.

LA APELACIÓN VA

Isaac Mwaura, el portavoz del gobierno de Kenia, anunció ayer habrá una apelación tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de bloquear el despliegue de agentes de policía en Haití.

Mwaura recordó que “Kenia tiene un historial excepcional de contribución a misiones internacionales de mantenimiento de la paz en países como Sudán del Sur, Namibia, Croacia, Liberia, Sierra Leona, entre otros”, declaró el portavoz gubernamental.

El estado de Alabama (sur de Estados Unidos) ejecutó este jueves al preso Kenneth Eugene Smith asfixiándolo con gas nitrógeno, un método nunca antes probado, según notificaron las autoridades.

Las autoridades declararon muerto a Smith, condenado a muerte por asesinar a una mujer por encargo en 1988, lo declararon muerto a las 20.25 hora local (02.25 GMT del viernes) tras inhalar el gas nitrógeno a través de una máscara y quedarse sin oxígeno.

Sus últimas palabras, ya con la máscara puesta, fueron. «Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Los amo a todos».

Periodistas testigos oculares de la ejecución relataron que, después de que el gas comenzase a fluir, Smith se estuvo retorciendo durante un par de minutos y luego se le vio con respiración agitada durante varios minutos más.

El director del Departamento Correccional de Alabama, John Hamm, dijo en rueda de prensa posterior que las sacudidas del reo fueron “involuntarias”, pero nada fuera de lo esperado.

El gas nitrógeno fluyó durante unos 15 minutos.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó minutos antes de la ejecución el último recurso que la defensa del preso había presentado este mismo jueves por 6 votos a 3, dando así luz verde al inicio del procedimiento.

Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte en 1976, han sido ejecutados en Estados Unidos 1.583 presos, 73 de ellos en Alabama.

ONU condena el uso de gas nitrógeno

Este viernes, el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, lamentó profundamente la ejecución de Kenneth Eugene Smith en Alabama pese a las serias preocupaciones de que este método novedoso y no probado de asfixia por gas nitrógeno pueda equivaler a tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

El Tribunal Superior de Nairobi prohibió hoy el despliegue de mil policías de Kenia en Haití como parte de una misión multinacional de las Naciones Unidas, después de establecer que el Consejo de Seguridad Nacional keniano no tiene potestad para mandar a los agentes de seguridad al extranjero.

«Por la presente se emite una orden que prohíbe el despliegue de agentes de la Policía en Haití o en cualquier otro país», afirmó el juez Chacha Mwita al leer su sentencia

Mwita señaló que el Consejo de Seguridad Nacional de Kenia -un órgano formado por el presidente del país, el vicepresidente, el jefe del Ejército, el director general de los Servicios de Inteligencia y el inspector general de la Policía, entre otros- sólo podría enviar a los agentes kenianos al extranjero si existiese un «acuerdo recíproco» con el Gobierno anfitrión.

«No existe un acuerdo recíproco entre Kenia y Haití y por esa razón no puede haber ningún despliegue de la Policía en ese país», añadió.

El juez respondió de esta manera a la demanda que interpuso el pasado octubre el abogado y político opositor Ekuru Aukot, que argumentó que la Constitución de Kenia limita el despliegue de policías para operaciones dentro del territorio nacional.

Pese a que el Tribunal Superior de Nairobi ordenó ese mes el bloqueo temporal de la misión, el Parlamento de Kenia aprobó la iniciativa el pasado 16 de noviembre.

El Gobierno keniano también dio luz verde a la misión, si bien el ministro de Interior, Kithure Kindiki, indicó que el país debe recibir primero los 36.570 millones de chelines (unos 225 millones de euros) que estima que costará el despliegue.

El veredicto de esta corte supone un nuevo obstáculo para la misión de Kenia en Haití, que se ofreció a liderar un contingente multinacional para mejorar la seguridad del país caribeño aprobado el pasado 2 de octubre por el Consejo de Seguridad de la ONU.

El propio Gobierno haitiano pidió esa misión, que contó con el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres.

También varios países caribeños han mostrado su disposición para participar con un número indeterminado de agentes en la misión, incluyendo Jamaica, Barbados y Bahamas.

La ONU ha señalado que la misión no se asemejaría a una fuerza de paz o de interposición, como suele ser habitual, sino que sería una mera fuerza de apoyo policial a las órdenes de la Policía haitiana.

Haití está inmerso en una profunda crisis marcada por la violencia extrema, con grupos armados que controlan la capital, Puerto Príncipe, y otras partes de su territorio, y son responsables de centenares de asesinatos, violaciones, secuestros y otros crímenes. 

Kenia recordó ayer ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas las medidas urgentes coordinadas y secuenciadas que se deben tomar para que la misión que liderará en Haití tenga éxito.

En primer lugar, mencionó la necesidad de un firme apoyo multinacional con recursos suficientes, haciendo énfasis en fondos, equipamiento y logística.

En otro orden, la determinación de los líderes haitianos y de sus políticos de aprovechar el tiempo posterior al despliegue para unirse y llevar adelante un proceso político con el fin de celebrar elecciones creíbles y abarcadoras dentro de un plazo razonable.

Mencionó que se requiere de un esfuerzo múltiple coordinado entre el gobierno y las operaciones de seguridad junto a los organismos de las Naciones Unidas, a fin de respaldar los medios de vida y de fortalecer un crecimiento económico abarcador en los vecindarios más inseguros de Haití.

A medio plazo, manifestó que se debe trabajar para incluir las necesidades específicas del país haitiano en la reforma financiera internacional.

FORJAR CONFIANZA

En cuarto lugar, destacó la diplomacia y comunicaciones públicas sólidas para incluir a la sociedad civil y la empresarial con el fin de forjar confianza.

Destacó en quinto lugar que se debe cortar de raíz la entrada de armas y cortar el apoyo financiero a las pandillas delictivas en Haití.

El representante keniano dijo que hay que apoyar las capacidades del Estado en la prestación de servicios básicos a los ciudadanos más vulnerables, destacando que es clave para paliar la confianza y fortalecer el pacto social.

Sobre el sistema judicial penal destacó que debe seguir fortaleciéndose.

Un tribunal de Kenia bloqueó el viernes el plan "inconstitucional, ilegal e inválido" del gobierno de desplegar a un millar de policías en Haití, presa de la violencia de las bandas, en el marco de una misión respaldada por la ONU.

Este fallo supone un freno a esta fuerza multinacional, muy esperada por Puerto Príncipe, pensada para atajar el creciente caos en el pequeño país caribeño. Allí, la violencia de las bandas causó cerca de 5.000 muertos en 2023, de los que más de 2.700 eran civiles, según el último informe de Naciones Unidas.

Además de ese clima de terror generalizado, con sus habitantes forzados a huir o esconderse, el país atraviesa una de las "peores" crisis alimentarias del mundo, alerta el reporte.

Frente a los llamados cada vez más acuciantes del gobierno haitiano y de la ONU, Kenia aceptó liderar esa misión, compuesta por entre 2.500 y 2.600 efectivos y que debía ser desplegada "durante el primer trimestre de 2024", según la representante especial adjunta de la ONU en Haití.

Sin embargo, el plan, ratificado por el Parlamento keniano el 16 de noviembre, generó protestas en el país africano.

El opositor Ekuru Aukut presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Nairobi alegando que esa misión es anticonstitucional porque no se apoya en ninguna ley ni tratado.

"El Consejo Nacional de Seguridad no tiene ningún mandato para desplegar agentes de la policía nacional fuera de Kenia", afirmó el juez Enock Chacha Mwita este viernes.

Una "decisión así va en contra de la Constitución y de la ley y, por lo tanto, es anticonstitucional, ilegal e inválida", agregó.

El gobierno puede apelar la decisión.

"Los esperaremos en el Tribunal de Apelación e iremos hasta la Corte Suprema", dijo a la AFP el opositor Ekuru Aukot, congratulándose por el fallo del viernes.

MISIÓN PARA LA HUMANIDAD

El canciller haitiano, Jean Victor Généus, exigió el jueves que se enviaran rápidamente refuerzos a la isla. "Cada día que pasa es un día más (...) que vivimos en el infierno de las bandas", declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Kenia ya ha participado en varias operaciones de mantenimiento de la paz en países vecinos como República Democrática del Congo o Somalia y en otras partes del mundo, incluyendo Liberia, Timor Oriental y la antigua Yugoslavia.

Pero, tras el anuncio de que preveía enviar policías a Haití, un país altamente inestable y peligroso, el gobierno keniano fue duramente criticado.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia supone un revés para las autoridades kenianas.

EL presidente William Ruto había afirmado que ese despliegue constituía una "misión para la humanidad" en un país, según él, devastado por el colonialismo.

Según la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada en octubre, con 13 votos a favor y 2 abstenciones, de China y Rusia, esta "misión multinacional de apoyo a la seguridad" --que no depende de Naciones Unidas-- debía durar doce meses inicialmente, con una revisión al cabo de nueve.

Además, la resolución instaba a la futura misión a "tomar medidas adecuadas en materia de gestión de aguas residuales" para impedir la propagación de enfermedades.

Con esta recomendación, la ONU probablemente buscaba convencer del interés de la misión a los haitianos, que guardan mal recuerdo de la última fuerza internacional desplegada en su territorio, del interés de la misión.

Cascos azules de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah), presente de 2004 a 2017, provocaron una epidemia de cólera que dejó más de 10.000 muertos. Un episodio que explica, en parte, que la futura misión no se haga bajo la bandera de la ONU.

 Los países iberoamericanos se unieron este jueves para hacer fuerza y fomentar un turismo regional en el que los visitantes tengan estancias más largas y e intentar que conozcan más de un país en cada viaje.

Con la presentación de varias iniciativas en la feria internacional del turismo Fitur, que se celebra desde ayer hasta el domingo en Madrid, los países de la región (formada por América Latina, España y Portugal) estrecharon lazos para seguir fomentando el turismo en la región, un importante motor de crecimiento y desarrollo.

En Fitur, que este año tiene a Ecuador como país invitado y en el siguiente tendrá a México, se dieron a conocer varias propuestas encabezadas por distintos países u organismos, entre ellas el lanzamiento de la campaña ‘Visita Sudamérica’, formado por los países del Mercosur, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay.

Un «hito» en la promoción de la región

Los del Mercosur lanzaron hoy la marca ‘Visita Sudamérica’ y el eslogan ‘Visita América del Sur, un lugar, varios mundos’, «una iniciativa que marca un hito en la promoción turística conjunta de nuestra región», según la ministra de Turismo de Paraguay, Angie Duarte.

Duarte explicó que este proyecto «involucra a varios países de Sudamérica y representa un paso significativo hacia la consolidación de la identidad y el atractivo turístico de nuestros destinos».

«Visita Sudamérica no es simplemente una marca, es la expresión de la vida cultural, la diversidad natural y la hospitalidad que nos caracteriza y que caracteriza a nuestra región», espetó la paraguaya.

Mientras, su homólogo uruguayo, subrayó a EFE que «unir fuerzas siempre es bueno» como da cuenta este proyecto destinado a conseguir que los que viajan desde Europa, Oriente Medio o Asia, visiten más de un país.

«La región tiene mucho que ofrecer, para este nuevo turismo que quiere vivir experiencias, un turismo de naturaleza, que no hace solo esa vacación de sol y playa, es lo que ofrece Uruguay y América Latina», subrayó.

La importancia de las ciudades

Las ciudades iberoamericanas también tuvieron un espacio hoy en la feria, con la presentación del documento «Estrategia Iberoamericana del Turismo del Futuro», elaborado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Organización Mundial del Turismo (OMT).

La publicación quiere arrojar luz y compartir buenas prácticas en cuestiones como la seguridad de las ciudades, el uso de la tecnología en el sector, la innovación, la inclusividad, la accesibilidad o la sostenibilidad medioambiental, económica y social.

Tal como expresó, la secretaria general de UCCI, Almudena Maíllo, se trata de una hoja de ruta que arrancó durante la pandemia de la covid-19 pensando en la recuperación: «vimos cómo el turismo podía ser el camino no solo para salir de la crisis, sino para dar un salto que nos permitía transmitir nuestros valores y nuestra cultura, la iberoamericana».

«Todas las ciudades tenemos los mismos retos, hay que buscar esos modelos comunes que sean sostenibles, las buenas prácticas que hacen uno y otros, porque al final las ciudades prestamos los servicios a los ciudadanos, somos la entidad más cercana a ellos», apuntó Maíllo, quien adelantó que la estrategia contará con una segunda parte centrada en la gastronomía.

Los estados mexicanos del Mundo Maya -Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, presentaron también este jueves su alianza estratégica, destinada a fortalecer el turismo en sus territorios, darle mayor proyección internacional e impulsar la prosperidad local, con la implicación de sus comunidades originarias.

Representantes de estos estados dieron a conocer el nuevo plan en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), donde el Tren Maya debería ser un importante aliado, y que está basado, dijo el secretario de Turismo de Tabasco, Pepe Nieves, en la responsabilidad ambiental, el descubrimiento de lo local, y la conservación del patrimonio histórico y cultural de los cinco estados.

Como retos, explicó, el mantenimiento del tejido social, la generación de empleo, mayores ingresos, la distribución de la riqueza y el aprovechamiento «inteligente» de los mercados para lograr una mayor satisfacción de los viajeros y un mayor interés en la región. 

La policía española anunció este jueves el arresto de un miembro destacado de la Mocro Maffia, organización criminal de origen marroquí en Países Bajos, quien lideraba una red de narcotráfico y blanqueo en el sur de España que había adquirido al menos 172 propiedades.

"Se ha logrado detener al líder de un clan de la Mocro Maffia, que era objetivo prioritario tanto para Países Bajos como para la Policía Nacional" española, indicó en rueda de prensa Fernando Alonso, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del cuerpo de seguridad.

Fuentes de la policía identificaron al detenido como Karim Bouyakhrichan, hermano de Samir, también miembro de la Mocro Maffia, quien fue asesinado en 2014 cerca de Marbella, sur de España.

Ese asesinato produjo una "reorganización de los clanes" en esa zona y activó la investigación policial, explicó Daniel Vázquez, inspector jefe de la UDEF.

En la operación también fueron detenidos otros cinco miembros de la red, entre ellos "el cerebro de la estructura de blanqueo", según Vázquez, quien dijo que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.

Karim Bouyakhrichan, actualmente en prisión provisional, encabezaba una red "dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de sustancias estupefacientes a gran escala", principalmente introduciendo cocaína a España, "así como al blanqueo de capitales", señaló la policía en un comunicado.

La red había realizado operaciones de blanqueo "por un importe de 6 millones de euros (6,53 millones de dólares)", a través de "una sólida infraestructura personal, marítima y mercantil con presencia" en varias ciudades de España, además de Marruecos, República Dominicana, Países Bajos y Emiratos Árabes, según la policía.

La organización criminal utilizaba mercantiles interpuestas, así como la metodología del “Hawalla” y el uso de testaferros para blanquear importantes cantidades de dinero con las que posteriormente adquirían bienes muebles e inmuebles.

Las autoridades le bloquearon a la organización 172 propiedades inmobiliarias, valoradas en su conjunto en 50 millones de euros (54 millones de dólares).

La policía llevaba cinco años tras la pista de Karim Bouyakhrichan, quien era muy difícil de localizar porque se movía mucho entre países, "era una persona muy cauta en sus comunicaciones", usualmente encriptadas, y tenía su propio servicio de seguridad, dijo Vázquez.

Bouyakhrichan y los otros detenidos, de quiénes la policía no dio sus nacionalidades, serán enjuiciados en España y luego enviados a Países Bajos, que los ha pedido en extradición para procesarlos por delitos relacionados con ese país.

Argentina creará una Fiscalía para investigar posibles casos de corrupción entre los funcionarios públicos, indicó este jueves el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede de Gobierno).

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, «va a sugerir en lo inmediato al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una Fiscalía para investigar la corrupción de funcionarios públicos», especialmente en los supuestos de «enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados», aseveró.

«Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito», dijo el vocero presidencial, quien detalló que las investigaciones pueden abarcar a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, así como de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

«Nunca el delito puede producir ningún tipo de beneficio», insistió Adorni.

El propio Cúneo Libarona reconoció a mediados de este mes, en una entrevista radiofónica, que el objetivo de esta Fiscalía será terminar con la «impunidad» y «perseguir más que nadie» los delitos de corrupción de los funcionarios públicos.

«El tema de la corrupción es prioritario», reconoció entonces el ministro de Justicia, que aclaró que el nuevo órgano judicial funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Actualmente, Argentina cuenta con un Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia, creada en 1999 durante la Presidencia del radical Fernando de la Rúa (1999-2001), ya fallecido.

Esta oficina es la encargada de velar por la prevención e investigación de las conductas de corrupción en la Administración Pública.

La Oficina Anticorrupción ha intervenido, presentándose como querellante, en casos que afectaron a varios expresidentes y funcionarios públicos.

Los más sonados fueron los que involucraron a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), condenada en diciembre de 2022 por la Justicia argentina por haber cometido «una corrupción estatal sin precedentes», sentencia que ella apeló, y con varias causas pendientes.

La figura de la exmandataria y su destino judicial fueron asuntos que causaron una aguda polarización política en las últimas campañas electorales del país suramericano.

Las acusaciones de corrupción son habituales en los intercambios verbales entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y sus rivales políticos.

El libertario ha llegado a asociar la oposición a sus reformas estatales con la «corrupción y el sadismo».