Internacionales

WASHINGTON. El Gobierno de Estados Unidos mostró su apoyo a las reuniones exploratorias entre el chavismo y la oposición para reactivar un proceso de negociación política, según un comunicado del Departamento de Estado.

“Estados Unidos reitera su llamado a la restauración completa de la democracia en Venezuela. Apoyamos negociaciones serias que de buena fe logren este objetivo”, apuntó el Gobierno de Donald Trump.

“Llamamos la atención -agregó- sobre la importancia de que el Gobierno de Venezuela cumpla con sus compromisos previos hacia un camino democrático para avanzar en el proceso de negociación”.

Estados Unidos también agradeció “los esfuerzos” del Gobierno de la República Dominicana y de su presidente, Danilo Medina, al acoger las reuniones entre oficialismo y oposición.

El chavismo y la oposición retomaron esta semana en Santo Domingo el proceso de diálogo suspendido en diciembre, unas reuniones que seguirán el 27 de septiembre.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró y que los dos bandos están próximos a lograr un acuerdo de convivencia.

CIUDAD DE GUATEMALA. Las reformas al Código Penal realizadas por el Congreso de Guatemala, y que despertaron la ira de miles de guatemaltecos porque al tratar de quitar responsabilidad a políticos que cometieran financiamiento electoral ilícito también librarían de prisión a quienes cometieran al menos unos 400 delitos tipificados en ley, fueron derogadas el viernes.

Con 130 votos (el total de los asistentes) a favor de 158 diputados, los legisladores aprobaron suspender en definitiva la reforma de tres artículos del Código Penal. Los cambios a la ley se hicieron unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder en 2016.

Miles de manifestantes rodearon durante 12 horas las instalaciones del Congreso y no permitieron la salida de los diputados del palacio legislativo tras la sesión de revocatoria de las reformas, exigiendo que renunciaran por los cambios hechos a la ley. A la media noche del viernes, nueve horas después de finalizada la sesión, un grupo de 200 policías antimotines evacuó a los diputados, lanzando gas pimienta contra los manifestantes que aún permanecían en el lugar.

A su salida, la diputada Alejandra Carrillo del partido Movimiento Reformador, hizo señas obscenas a manifestantes, encendiendo la ira de éstos.

Los bomberos atendieron a varios civiles intoxicados con el gas lanzado por la policía.

El mecanismo para derogar se conoce como Precedente Legislativo y sirve para regular los procedimientos que pueden aplicarse a decretos que reciban objeciones. En este caso, según el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, varios diputados objetaron el decreto.

Las manifestaciones de miles de guatemaltecos y la rabia expresada por ellos logró no solo que los diputados dieran marcha atrás, sino que además varios de ellos pidieran disculpas públicas “por el error” cometido. Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), uno de los partidos impulsores de la reforma, fue una de las legisladoras que aseguró que aprobó las reformas con conocimiento de causa.

“Por eso pido perdón”, dijo.

“¡No nos vamos hasta que renuncien!” y “¡Depuremos el Congreso!” eran algunas de las frases que miles de manifestantes gritaban el viernes a las afueras del Congreso.

Congreso guatemalteco frena avance de polémicas reformas a favor de políticos

La diputada de oposición, Nineth Montenegro, quién voto en contra de las polémicas reformas dijo al pleno: “Ojala que desde hoy, si es que nos dejan terminar el periodo, leamos bien las iniciativas para evitar el descontento que ahora hay”.

Antes de que las reformas fueran derogadas por el Congreso, la Corte de Constitucionalidad ya había hecho una suspensión provisional de las mismas con un recurso legal aduciendo que los cambios ponían en riesgo el sistema de justicia del país.

Los legisladores habían acordado reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurriera en el delito de financiamiento ilícito y en paralelo aprobaron que una sentencia de una década de cárcel pueda ser conmutada por una multa.

La indignación de la población evoca a la suscitada en 2015 cuando miles de personas pidieron la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de actos de corrupción. Ambos renunciaron a sus cargos y están presos a la espera de saber si irán a juicio.

Tras la convulsión política llegó al poder el presidente Jimmy Morales, que con poca experiencia política y después de ser un comediante de televisión ganó popularidad con el lema “Ni corrupto, ni ladrón”. El partido que lo apoyó —el Frente de Convergencia Nacional (FCN), fundado por exmilitares, algunos acusados de crímenes de lesa humanidad— fue uno de los impulsores de los cambios legales.

Las reformas fueron aprobadas unos días después de que la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaran a Morales de financiamiento electoral ilícito durante la campaña política que lo llevó al poder en 2016.

Tras la acusación, el mandatario ordenó la expulsión del titular de ésta última, lo que lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país ante lo que varios consideraron un intento de protegerse. Finalmente, la Corte Constitucional detuvo la salida del país del comisionado.

Esta semana también se conoció que el mandatario recibió durante nueve meses un sobresueldo de 61.000 dólares de parte del ejército. La Contraloría General de Cuentas, que investiga el pago, lo obligó a devolver el dinero.

La clase política contraataca conforme crecen las críticas contra las extralimitaciones de la judicatura.

Los cineastas brasileños lanzaron la semana pasada ‘Policía Federal: Nadie está por encima de la ley”, una celebración cinematográfica de Lava Jato, la histórica investigación sobre corrupción que ha amenazado con trastocar la clase dirigente política del país.

Incluso en momentos en que se estrenaba la película, la policía federal reveló que había encontrado la mayor reserva de dinero procedente de actividades delictivas en el país en un apartamento en Salvador, en el noreste de Brasil: R$51 millones supuestamente pertenecientes a Geddel Vieira Lima, un ex ministro del gobierno del presidente Michel Temer.

El entonces empresario convertido en testigo del estado Joesley Batista, ex presidente de la empresa empacadora de carne JBS, fue arrestado por sospechas de que había contratado secretamente a uno de los investigadores de Lava Jato para que lo asesorara en su negociación de la condena en un escándalo de soborno.

Más de tres años después de que Lava Jato comenzó en abril de 2014, la investigación de la corrupción en Brasil y sus ramificaciones siguen produciendo resultados espectaculares, desde el presunto tesoro del Sr. Vieira Lima hasta un escándalo en mayo por una conversación grabada en la que el presidente Temer supuestamente hablaba de sobornos con el Sr. Batista de JBS.

Pero conforme ha crecido su éxito en la lucha contra la antigua tradición brasileña de impunidad para los ricos y poderosos, igualmente se han acentuado las críticas contra Lava Jato por parte de una clase política que está luchando por su supervivencia. El creciente poder de la policía, los fiscales y los jueces independientes también ha despertado críticas por su extralimitación.

Rodrigo Janot, quien fue nombrado fiscal general hace cuatro años y debe terminar su mandato la próxima semana, ha tratado de terminar por todo lo alto. Esta última semana acusó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y por primera vez a su sucesora Dilma Rousseff y a ministros y altos funcionarios de su izquierdista Partido de los Trabajadores de administrar una “organización criminal” durante sus más de 13 años en el poder entre 2002 y 2016. Después de este caso, el Sr. Janot realizó acusaciones similares contra los líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño del Sr. Temer. Todos los acusados han emitido furiosos desmentidos.

El otro caso emblemático del Sr. Janot ha sido intentar llevar a juicio al Sr. Temer por corrupción en la Corte Suprema a causa de la conversación con el Sr. Batista de JBS. El empresario grabó secretamente la conversación, antes de presentarla a la fiscalía a cambio de una negociación de la condena.

Pero este caso ha amenazado con implosionar después de que surgió una nueva cinta este mes, esta vez presuntamente del Sr. Batista hablando con un colega ejecutivo de JBS. Ambos discutieron en secreto el haber recibido ayuda de quien entonces era un fiscal público, Marcelo Miller, para acordar su negociación de la condena. El Sr. Miller niega las acusaciones. Pero el Sr. Batista y el ejecutivo, Ricardo Saud, fueron puestos bajo arresto temporal durante el fin de semana en espera de una investigación.

La furia pública por la negociación de la condena de los Batista, mediante la cual Joesley y su hermano Wesley, el jefe ejecutivo de JBS, quedaron exentos de penas de cárcel, ya era elevada antes de la polémica sobre el presunto conflicto de intereses que involucra al Sr. Miller. Los analistas dijeron que el asunto amenazaba con debilitar la popularidad de los fiscales con el público.

Otros han criticado la forma en que opera el sistema de justicia penal de Brasil. Geoffrey Robertson QC, un abogado de derechos humanos internacionales quien representa al Sr. Lula da Silva, dijo que Sérgio Moro, el magistrado principal, actuó como “juez instructor” y juez de sentencia, un conflicto de intereses.

El juez Moro condenó al ex presidente a casi 10 años de cárcel en julio.

Los críticos apuntan a otros supuestos errores tales como mantener a los sospechosos en detención preventiva sin cargos durante períodos indefinidos y el riesgo de que los delincuentes podrían comenzar a “fabricar” negociaciones de la condena tendiéndoles trampas a otros para escapar de la cárcel.

PARÍS. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, intentó cerrar la polémica política sobre la tardanza en la respuesta de su Gobierno a las destrucciones catastróficas causadas por el huracán Irma en las islas francesas de San Martín y San Bartolomé en el Caribe.

“No es momento de ninguna polémica” porque “el Estado se organizó perfectamente” y “la anticipación fue completa” en cuanto se conoció con precisión el recorrido de Irma por las Antillas, afirmó Macron en una conferencia de prensa a su llegada desde París al aeropuerto de Pointe à Pitre, en Guadalupe, territorio francés próximo a esas dos islas.

“No se puede anticipar lo que no es anticipable”, replicó a las críticas de la oposición, después de haber insistido en que lo que ocurrió fue “una catástrofe natural” de una dimensión “inédita” que no tenía precedentes desde 1931, pero también dijo que no se opondrá a la creación de una comisión de investigación parlamentaria.

Tras confirmar que por ahora se han contabilizado 11 muertos -aunque “es posible” que se encuentren más víctimas porque hay muchos edificios derruidos pendientes de desescombro-, su principal mensaje fue que la prioridad es “la vuelta a la normalidad”, para lo cual se ha puesto en marcha “uno de los mayores puentes aéreos desde la Segunda Guerra Mundial”.

Indicó que para hacer frente a los pillajes “inaceptables” registrados tras el ciclón, ya hay 1.900 agentes de las fuerzas del orden en la parte francesa de San Martín (la otra parte de la isla es de soberanía holandesa).

Dijo que ya han sido evacuadas 2.000 personas de ese territorio y que se va a facilitar “ordenadamente” el transporte de los que quieren irse hacia Guadalupe y hacia la Francia metropolitana, entre otras cosas con un reforzamiento de los vuelos de Air France.

Otra de las prioridades es la puesta en marcha de una planta desalinizadora -la que abastecía de agua corriente quedó inutilizada- “gracias a nuestros amigos españoles” que debería estar en servicio a partir del día 20.

El jefe del Estado, flanqueado por los ministros de Sanidad, Educación y Ultramar, aseguró que “toda Francia y toda la nación está con los que lo han perdido todo”, que después de lo ocurrido la vida “no es totalmente normal” y que, en su desplazamiento hoy en helicóptero a San Martín y San Bartolomé, tiene intención de escuchar el enfado “legítimo” de las víctimas.

Macron nombró el lunes a un delegado para la reconstrucción que, según avanzó, se hará “rápido y bien” con construcciones más sólidas que respondan a las reglas sísmicas y medioambientales: “Quiero que esta reconstrucción sea ejemplar”.

Aunque se resistió a cifrar de forma precisa cuánto le costará al Estado esa reconstrucción, anticipó que el puente aéreo supondrá una cincuentena de millones de euros y que habrá que añadir otro tanto por otros trabajos en infraestructuras.

Sobre los daños materiales, se limitó a recordar las evaluaciones de las aseguradoras, que han estimado que representarán unos 1.200 millones de euros, incluyendo el impacto sobre la temporada turística.

También explicó que tuvo contactos telefónicos con el primer ministro holandés, Mark Rutte, para coordinar esa reconstrucción en la isla de San Martín, en particular para las infraestructuras

VIENA La oferta mundial de crudo bajó el pasado mes de agosto un 0.4 %, según los datos hechos públicos hoy por la OPEP, que redujo sus extracciones por primera vez desde marzo y que asegura que el aumento de los precios muestran que el mercado se está librando del exceso de petróleo.

En su informe mensual sobre la situación del mercado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informa que sus catorce socios extrajeron el mes pasado una media de 32,75 millones de barriles diarios (mbd).

Esa cifra, obtenida de fuentes secundarias y no de los datos oficiales de cada país, supone una caída del bombeo del 3 % respecto a julio. La OPEP llevaba desde marzo marcando subidas mensuales de sus extracciones, pese al acuerdo de recorte de bombeo cerrado el pasado diciembre, y renovado en mayo, con otros grandes productores para reducir el exceso de oferta que llevaba dos años empujando los precios a la baja.

Irán y Libia, dos de los países que quedaron fuera de ese pacto de recorte, redujeron en agosto su producción. La caída de las extracciones fue especialmente relevante en el país africano, con un 10 % menos que en julio.

Pero no sólo la OPEP recortó su oferta en agosto. Según los datos del grupo con sede en Viena, la producción mundial de crudo cayó en agosto un 0,4 %, hasta sumar 96.75 mbd.

En su reporte, la OPEP destaca que los precios del crudo mejoraron el pasado mes “ante las señales de un reequilibrio en el mercado y una mayor reducción de los inventarios en Estados Unidos”.

 Washington

El Tribunal Supremo de EE.UU. accedió hoy a la petición del Gobierno para eliminar algunas de las restricciones impuestas al veto migratorio del presidente, Donald Trump, y destinado a restringir la entrada de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana.

En una breve notificación judicial, de solo una página, el Tribunal Supremo determinó que no podrán ingresar en el país los abuelos, tíos y otros familiares cercanos de los refugiados, pero sí los allegados a los nacionales de las seis naciones de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).

La sentencia del Tribunal Supremo cierra la ventana de esperanza que había abierto otra decisión judicial emitida el 7 de septiembre por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, una instancia inferior al Tribunal Supremo y con sede central en San Francisco (California).

Ese tribunal de apelaciones dispuso que los abuelos, tíos y otros familiares cercanos a refugiados y a residentes en EE.UU., originarios de los países musulmanes, podían entrar en territorio estadounidense.

De esa forma, el tribunal de apelaciones había reducido el alcance del veto que entró en vigor parcialmente a finales de junio y que impide durante 120 días el ingreso de refugiados y, durante 90 días, el de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

En respuesta a esa decisión, el Gobierno interpuso hoy un recurso para pedir al Tribunal Supremo que eliminara las restricciones impuestas a la parte del veto que trata sobre los refugiados, que por definición están huyendo de sus países de origen y, en teoría, no tienen por qué guardar ninguna relación con EE.UU.

Sin embargo, el Gobierno abandonó sus esfuerzos para impedir la entrada de los familiares cercanos a residentes en Estados Unidos y procedentes de las seis naciones de mayoría musulmana.

En su escrito, el Ejecutivo justificó la diferencia entre los nacionales de los seis países musulmanes y los refugiados argumentado que, mientras que los primeros tienen conexiones con EE.UU., los segundos solo tienen una relación con el país a través de las agencias encargadas de darles asilo.

El Tribunal Supremo avaló este razonamiento y concedió a Trump una nueva victoria al prohibir la entrada de los familiares cercanos de los refugiados.

Esta última batalla legal se engloba en la disputa sobre las normas que dictó Trump para permitir la entrada en vigor de su veto migratorio.

El veto acabó en el Tribunal Supremo, instancia que permitió su entrada en vigor y dio discrecionalidad al Ejecutivo para definir sus propias normas para aplicar la medida.

De esa forma, desde su entrada en vigor el pasado 29 de junio, solo podían ingresar a Estados Unidos aquellos individuos que pudieran demostrar su relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estuvieran residiendo en territorio estadounidense.

Excluidos de esa categoría de "familiares cercanos" quedaban los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, que no podrán servir de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada.

Aunque por el momento ha avalado las normas para la aplicación del veto, el Tribunal Supremo estudiará su legalidad a fondo durante una audiencia el 10 de octubre.  

NUEVA YORK. La apetecida yuca mocana en su variedad valenciana y congelada comenzó a entrar al mercado de los Estados Unidos, expendiéndose en supermercados y bodegas de la ciudad y otros estados como Massachusetts, con una gran demanda de los consumidores.

El tubérculo llega por primera vez a los consumidores dominicanos y latinos con todos los estándares, calidad y presentación exigidos por el Departamento de Agricultura del Gobierno federal.

El empresario Eligio Peña, distribuidor de la yuca mocana y fundador de la Asociación Nacional de Supermercados (NSA), explicó que el producto está siendo requerido en docenas de establecimientos comerciales debido a la alta demanda que está generando entre los consumidores que esperaron por décadas la llegada de la yuca a Estados Unidos.

Hasta ahora, la yuca de Costa Rica mantenía la hegemonía en el mercado local, pero Peña dijo que es superada en calidad y sabor por la del municipio de la provincia E

Espaillat.

Peña, quien habló con periodistas locales sobre el proceso de siembra, cosecha, empaque, producción y exportación de este vívere, dijo que las expectativas que se han creado para mantener el producto en el primer lugar del mercado estadounidense, son cada vez más crecientes.

Dijo que por ahora, la producción se está centrando en Moca y que la empresa que la produce contempla sembrarla en Guayubín, una tierra muy fértil y con todas las propiedades para una yuca de calidad.

Señaló que el proceso es supervisado por funcionarios de agricultura de Estados Unidos, con sede en la Embajada Americana en Santo Domingo.

Explica el empresario que la yuca dominicana no ha estado en veda o vetada por las autoridades estadounidense.

La primera entrega de la yuca viene frisada y en una bolsa plástica identificada como “Valenciana”, para destacar la variedad e incluye un mapa de la República Dominicana.

“Desde que comenzó este proceso estamos recibiendo cientos de llamadas de estados como Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Massachusetts y otros, pero mayoritariamente desde el Alto Manhattan, donde se concentra la población dominicana más alta de Estados Unidos”, dijo Peña.

Informó que por ahora la yuca se está vendiendo en las cadenas de supermercados Compare, Associated, Met Food y Pionner, que son las que tienen la yuca dominicana y se acaba de hacer un acuerdo para también distribuirla en las cadenas Key Food, Gala Fresh y Gala Food y otras reconocidas franquicias.