A unos pocos cientos de kilómetros de su patria en descomposición, los haitianos residentes en Santo Domingo parecen creer más en la providencia que en la clase política o la comunidad internacional para superar la grave crisis que vive su país.

Karina, que lleva un pequeño negocio de comida haitiana, declaró a EFE que su deseo es volver a su país, donde tiene casa propia, pero «con esta situación uno no puede coger para allá». Aun así «yo confío en Dios. Dios va a echar una mano», dijo, con más confianza en una intervención divina que en la humana.

La familia que tiene en Haití dejó Puerto Príncipe huyendo de la violencia de las bandas armadas, «se fue al campo, ahora mismo es donde se puede estar más o menos tranquilo», afirmó Karina, convencida de que «es el mismo Gobierno» el responsable de la situación.

La población «está huyendo, dejando su casa. Yo a mi edad no quiero estar aquí, yo tenía que tener mi país, pero dime a dónde vas si no puedes vivir», lamentó.

También Domingo Concepción confía en que habrá una solución «con Dios adelante» y que todo mejore para su familia en Haití. «Está difícil, están pasando trabajo. Mala vida», relató a EFE.

Los haitianos en suelo dominicano están viviendo «muy de cerca la situación, la evolución de su país, y ven que cada día empeora más», aseguró el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier.

«No tienen esperanza» porque no terminan de materializarse las decisiones de la ONU para devolver a Haití «el orden público, la paz» mediante el envío de una misión multinacional que acabe con la acción de las bandas, que controlan prácticamente el 85 % de Puerto Príncipe y zonas aledañas.

Para Charpentier, una intervención internacional que desarticule las pandillas es «imprescindible» para acabar con la violencia porque «la gente tiene miedo de salir a trabajar, a estudiar, tiene miedo a producir dinero», ya que las bandas son cada vez más cruentas.

Mientras tanto, el país espera la instalación del Consejo Presidencial de Transición, cuyo mandato concluirá el 7 de febrero de 2026 para investir a un presidente elegido en comicios libres, justos y democráticos.

«No sé hasta qué punto» ese órgano de transición va a frenar «el hostigamiento por parte de las bandas. No, realmente no tenemos esperanza» porque, mientras sigan actuando las pandillas, «es difícil que un gobierno provisional pueda llegar a organizar elecciones y mantener la paz», consideró Charpentier.

Además, los haitianos «no tienen la mínima confianza» en sus dirigentes porque, aunque digan que actúan por «el bien de la población o del país, al final se ve que la clase política busca el poder, ignorando los intereses de la población», dijo a EFE el líder comunitario Roudy Joseph.

Su postura ante el despliegue de una fuerza multinacional para pacificar Haití es diametralmente opuesta a la de Charpentier porque, opinó, las experiencias anteriores «han sido para empeorar la situación».

«La población haitiana está diciendo que no cree en ninguna intervención armada (…) La sociedad entiende que, reuniendo a las fuerzas de la Policía y la misma población, puede enfrentar» a las pandillas, añadió.

Mientras la violencia no cesa, muchos haitianos viven una doble angustia en República Dominicana: a la preocupación por sus allegados se suma el temor a ser deportados.

Charpentier y Joseph coincidieron en criticar la política migratoria del Gobierno dominicano, calificándola de racista y de atentar contra los derechos humanos, en medio de los llamamientos de organismos internacionales para que cesen las deportaciones de haitianos ante la crisis sin precedentes en el país.

Los retornos forzosos redundan aún más en la situación de precariedad de la población haitiana, que en su mayoría «vive encarcelada dentro de la casa», sin opciones de salir a la calle «a buscar sustento», así que depende de las remesas que envía la diáspora y de otro tipo de apoyos sin los que «la vida sería prácticamente imposible».