Las medidas que las autoridades ecuatorianas tomen para afrontar la actual crisis de violencia relacionada con bandas armadas deben ser «proporcionadas y limitadas a los requisitos de la situación», afirmó hoy la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

«Toda restricción debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación», agregó la portavoz de la oficina Liz Throssell en rueda de prensa.

La fuente agregó que los poderes y funciones de seguridad asignados a las fuerzas armadas en la actual crisis deben tener carácter excepcional, limitado en el tiempo, y deben estar subordinados a la autoridad civil, ante la cual deben rendir cuentas.

Throssell agregó que las investigaciones abiertas por la Fiscalía General del Estado ante recientes incidentes violentos deben ser transparentes e independientes «para garantizar el rendimiento de cuentas de los responsables, en línea con los estándares internacionales».

La portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk subrayó que Ecuador «enfrenta enormes desafíos» por la ola de violencia derivada de redes criminales transnacionales, algo que el propio jefe de la oficina reconoció durante su visita al país el año pasado. 

Throssell recordó, citando informes recibidos por la oficina de Naciones Unidas, que al menos 12 personas han muerto en diferentes incidentes violentos recientes en el país suramericano, entre ellos dos policías.

Al mismo tiempo, unos 150 funcionarios de prisión y 20 trabajadores administrativos han sido tomados como rehenes por parte de presos en siete cárceles del país, donde el Gobierno ha anunciado un estado de emergencia de 60 días y ha desplegado al ejército para hacer frente a lo que considera un «conflicto armado interno». 

«Los derechos humanos deben estar en el centro de todas las políticas dirigidas a frenar la violencia, algo que incluye afrontar las causas estructurales de ésta», concluyó hoy la portavoz.