Representantes de gobierno, instituciones internacionales, sector privado, academia y sociedad civil se dieron cita hoy en la sede principal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para conmemorar el décimo aniversario de la adopción del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

Una reunión conmemorativa que precede a la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, el órgano subsidiario de la CEPAL destinado al seguimiento y la revisión de los temas como la migración internacional, los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes, el envejecimiento poblacional y la salud sexual y reproductiva, entre otros.

Según el documento presentado, pese a los grandes avances logrados desde la adopción del Consenso de Montevideo, existen grandes desafíos pendientes como la integración de la población en el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, que desde 2015 ha crecido en Latinoamérica impulsada por factores como la crisis mundial por el coronavirus y la guerra en Ucrania.

«Se necesitan estrategias de protección social con enfoque en derechos para lograr un desarrollo integral. Las políticas deben centrarse en la igualdad de género y la inclusión de grupos vulnerables. La cooperación internacional debe priorizar el territorio, medio ambiente y sostenibilidad, especialmente en países más pobres y vulnerables al cambio climático», explica el documento.

«Es crucial fortalecer las instituciones gubernamentales y la coordinación entre sectores. La participación de la sociedad civil enfrenta desafíos. Se destaca la importancia de considerar la dinámica demográfica en las políticas de desarrollo y fortalecer el enfoque de derechos en todas las áreas», agrega antes de pedir un mayor protagonismo para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes.

AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

El informe insiste, además, en la obligación de ampliar los marcos de protección social, en especial el cuidado de las personas mayores a través de la mejora de la atención médica, los cuidados integrales y los sistemas de pensiones fortalecidos, prestando atención a la equidad de género.

«Aunque ha habido avances legales, pero fortalecer marcos legales nacionales sigue siendo un desafío. Capacitar al personal judicial es crucial. También es vital incluir a las personas mayores en la planificación y respuesta a desastres, como el cambio climático, brindando apoyo y previniendo maltratos», destaca.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Según el informe, la salud sexual y reproductiva continúa siendo un reto en los países de la región, especialmente en el caso de adolescentes y mujeres que no viven en unión, de zonas rurales, de menor escolaridad y nivel de ingresos, indígenas, afrodescendientes y con discapacidad.

Además, sobre la atención prenatal se debe priorizar un enfoque preventivo desde el primer trimestre de embarazo para lograr avances sostenidos que contribuyan a la reducción de la mortalidad materna.

«Para lograr el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, es crucial abordar la desigualdad de género y combatir enérgicamente la violencia contra mujeres y niñas. Aunque se han hecho avances en la igualdad de género en las políticas públicas, la participación política paritaria aún es limitada, con menos del 30% de mujeres en los parlamentos», afirma.

«También persisten brechas de género en la autonomía económica, donde las mujeres enfrentan desafíos en el trabajo no remunerado y condiciones laborales desfavorables», agrega.

DESAFÍO MIGRATORIO

El informe advierte, asimismo, sobre la necesidad de «proteger los derechos de quienes migran con acuerdos internacionales. También hay que abordar las razones por las cuales la gente migra en lugar de elegirlo».

«Es esencial anticipar y manejar situaciones urgentes, especialmente debido a problemas como la inestabilidad económica, política, el cambio climático y desastres naturales. Debemos asegurarnos de que las personas que migran tengan apoyo social y estén protegidas. También es importante luchar contra la discriminación y el racismo», subraya.

Además, apuesta por políticas públicas para enfrentar las desigualdades sociales y los desastres naturales, para garantizar el derecho a la vivienda digna y los servicios esenciales como el agua y la energía, para frenar el cambio climático, mejorar la educación y consolidar los avances del Consenso de Montevideo, en riesgo por la polarización y la desinformación.

«El enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad es esencial en políticas públicas para mejorar el bienestar. Aunque ha habido avances entre 2018 y 2023, la región aún tiene trabajo por hacer en la implementación de medidas clave. Se necesita una firme voluntad política para avanzar y profundizar los logros alcanzados», concluye.