Amnistía Internacional (AI) pidió este viernes la investigación urgente de varios ataques del Ejército de Israel en Gaza que ha documentado y considera que pueden constituir crímenes de guerra.

La organización de derechos humanos, que sigue recabando información sobre el terreno, ha dado detalles de cinco casos en los que el Estado israelí ha bombardeado objetivos «indiscriminados» sin tomar presuntamente las precauciones debidas para proteger a la población.

Por este motivo, AI, que ha reunido testimonios y sometido a análisis imágenes de satélite, exige a Jerusalén en un comunicado que «ponga fin a los ataques ilegales y respete el derecho internacional humanitario».

Demanda que revoque la orden de evacuación de los palestinos; acabe con el bloqueo de suministros a la Franja, que califica de «castigo colectivo»; y permita la entrada de ayuda humanitaria.

También pide que permita el acceso inmediato a la Comisión Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU para que pueda recopilar pruebas y testimonios.

Amnistía, dirigida por Agnès Callamard, solicita asimismo a la comunidad internacional, y en particular a los aliados de Israel Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, que «impongan un embargo de armas integral a todas las partes en conflicto».

Les exige «abstenerse de cualquier declaración o acción que, aunque sea indirectamente, legitime los crímenes e infracciones de Israel en Gaza» y que presionen al Estado judío para que «levante su bloqueo ilegal de 16 años a la Franja de Gaza, que «es un crimen de guerra y un aspecto clave del sistema de apartheid de Israel».

AI pide además a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que «acelere la investigación sobre la situación de Palestina y los presuntos crímenes cometidos por todas las partes».

A Hamás y otros grupos armados, les exige «poner fin de inmediato a los ataques deliberados contra civiles, al lanzamiento indiscriminado de cohetes y a la toma de rehenes», a los que «deben liberar incondicional e inmediatamente».

Amnistía investigó cinco ataques israelíes contra Gaza entre el 7 y el 12 de octubre en los que supuestamente el Estado judío violó la ley, aunque dice que hay muchos más ejemplos.

Asimismo, ha documentado el bombardeo el 7 de octubre de un edificio de viviendas de tres plantas en el barrio de al-Zeitoun, donde murieron quince miembros de una familia, siete de ellos niños.

El 8 de octubre, un ataque aéreo israelí alcanzó el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, matando a varios civiles, y el 9 de octubre bombardeó un mercado en el campo de refugiados de Jabalia, con la muerte de al menos 69 personas.

El 10 de octubre, otro ataque aéreo mató a 12 miembros de la familia Hijazi y a cuatro de sus vecinos en la calle al-Sahaba de la ciudad de Gaza, dice AI.

El mismo día, otro bombardeo alcanzó un edificio de seis plantas en Sheikh Radwan, que lo destruyó completamente y mató al menos a 40 civiles.

La investigación de Amnistía halló que un miembro de Hamás residía en una de las viviendas, pero no estaba allí durante el ataque. La organización señala que «la pertenencia a un grupo político no convierte por sí mismo a un individuo en un objetivo militar».

«Incluso si esa persona fuera un combatiente, su presencia en un edificio civil no convierte al edificio ni a ninguno de los residentes en un objetivo militar», dice la organización, que asegura que Jerusalén no emitió las advertencias adecuadas ni facilitó la protección de los vecinos.

«Con su intención declarada de usar todos los medios para destruir a Hamás, las fuerzas israelíes han mostrado un asombroso desprecio por las vidas de los civiles», declara Callamard en el comunicado.

«Han pulverizado calle tras calle de edificios residenciales, matando a civiles a gran escala y destruyendo infraestructura esencial, al tiempo que las restricciones impuestas significan que Gaza se está quedando rápidamente sin agua, medicinas, combustible y electricidad», añade.

«Durante 16 años, el bloqueo ilegal de Israel ha convertido Gaza en la prisión al aire libre más grande del mundo», dice la activista, que pide a la comunidad internacional «actuar ahora para evitar que se convierta en un cementerio gigante».