El Gobierno francés se esfuerza en subrayar que los disturbios que se han sucedido las últimas seis noches tras la muerte por un tiro policial de un menor de 17 años no son una revuelta social de los barrios sensibles del país, sino un desencadenamiento de violencia de grupos de delincuentes jóvenes.

«No es el fracaso del modelo francés», han subrayado este lunes fuentes del Ejecutivo, que insisten en que lo que está ocurriendo ahora en Francia es una situación que se vive o se ha vivido en otros países, como Alemania, Bélgica, Suiza o Canadá, y que hay un problema general con jóvenes que recurren a la violencia.

Las fuentes refutan algunas de las ideas que han circulado, sobre todo en el extranjero, para explicar estos altercados asegurando que «no es una revuelta de los barrios» sensibles. En primer lugar porque la inmensa mayoría de sus habitantes están muy enfadados con este desencadenamiento de violencia.

Ellos son los primeros damnificados, remarcaron, por la destrucción de cientos de edificios de servicios públicos, como ayuntamientos, escuelas, bibliotecas o comisarías, pero también por el saqueo de comercios y por el incendio de miles de sus coches.

Además, el Gobierno insiste en que en los últimos 30 años el Estado ha hecho esfuerzos para esos barrios sensibles, con sucesivos planes de renovación urbana, y en particular desde la llegada al Elíseo en 2017 del actual presidente, Emmanuel Macron, con sus políticas para favorecer la igualdad de oportunidades y la emancipación de los jóvenes.

En resumen, detrás de estos disturbios, lo que hay son «actos de delincuencia» y de «pillaje», con autores muy jóvenes, como lo prueba que la edad mediana sea de 17 años y que un tercio de los más de 3.400 detenidos en los últimos días sean menores de edad.

En cuanto a las acusaciones de racismo y de actitudes discriminatorias por parte de la policía, el Ejecutivo niega que puedan generalizarse.

Además, su mensaje a ese respecto es muy claro: «Francia es un Estado de Derecho» en el que la ley se aplica por igual a todo el mundo, y eso incluye a los policías, que no están exonerados de cumplirlas, para los que «no hay un trato de favor» y que están muy controlados.

El Gobierno ha querido matizar algunas cifras que se han comentado mucho en los últimos días, al calor de la muerte del joven Nahel en Nanterre el pasado día 27 por el tiro de un policía que le disparó cuando trataba de saltarse un control.

Sobre todo, la de los 13 muertos que hubo el pasado año a manos de la policía cuando forzaban controles. Un número que es muy superior al de los dos años anteriores (habían sido dos y cuatro, respectivamente), pero también a la tendencia de 2023, con tres muertos en el primer semestre.

Más allá de constatar que la virulencia de los disturbios ha menguado en las dos últimas noches, en particular en la del domingo al lunes, el Ejecutivo reconoce que este estallido «está lejos de estar acabado».

Y aunque reconoce que estos episodios pueden favorecer los discursos populistas, en particular los de la extrema derecha, repite que la respuesta política debe ser «responsable» y que por su parte no quiere ni estigmatizar a determinados grupos sociales ni fracturar el país.