RÍO DE JANEIRO. El proceso en el que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción comenzó hoy su trámite en el tribunal de segunda instancia que puede confirmar la sentencia e inhabilitar al líder socialista para las próximas elecciones.

El proceso fue recibido por el Tribunal Regional Federal de la cuarta región de Brasil (TRF-4), con sede en la ciudad de Porto Alegre, y distribuido para su análisis a los tres magistrados que integran la octava sala penal de esta corte, informaron voceros del organismo.

La causa ascendió a la segunda instancia cuarenta días después de que el juez decimotercero federal de la ciudad de Curitiba, Sergio Moro, responsable por la investigación del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, condenara a Lula en primera instancia en el primero de los seis procesos en los que ya fue imputado.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), considerado culpable de los delitos de corrupción y lavado de dinero, puede recurrir en libertad hasta que la condena sea confirmada por un tribunal de segunda instancia, en este caso el TRF-4, que también puede corregir la sentencia inicial o determinar la absolución de los acusados y el archivo del caso.

El exmandatario corre contra el tiempo debido a que en caso de que la condena sea confirmada en segunda instancia, así pueda presentar nuevos recursos y permanecer en libertad, estará inhabilitado para disputar las elecciones de 2018.

Lula, que ha admitido la posibilidad de disputar las presidenciales del próximo año, realiza actualmente una gira por el nordeste de Brasil, la región más pobre del país, que es considerada como una precampaña electoral.

Pese a que el proceso llegó este miércoles hasta el tribunal, los magistrados responsables aún no tienen previsión de cuándo analizarán los recursos presentados por la defensa del exmandatario y por las otras partes del proceso.

Igualmente aún no hay previsión de cuándo serán convocados a rendir testimonio todos los reos y el Ministerio Público en su condición de parte acusadora.

Según versiones de prensa, un proceso en segunda instancia en este tribunal puede demorar un promedio de diez meses.

Una vez sean concluidos los plazos para que todas las partes presenten sus alegatos y descargos, el magistrado Joao Pedro Gebran Neto, instructor titular de los procesos de la octava sala, tendrá que presentar su parecer y someterlo a votación de sus colegas.

En el proceso en que ya fue condenado, Lula fue acusado de haber recibido ventajas ilícitas de la constructora OAS como parte de pago por los millonarios contratos que Petrobras le adjudicó irregularmente a esta empresa.

Entre tales ventajas destaca un apartamento de playa en Guarujá, municipio en el litoral del estado de Sao Paulo, cuya propiedad es atribuida al exjefe de Estado pese a que no existen papeles en su nombre.

El líder socialista, que niega todos los cargos, ha alegado en diferentes oportunidades que es “víctima de una persecución judicial y política” de los fiscales y jueces responsables por la investigación de Petrobras con la única intención es impedirle postular su candidatura para aspirar nuevamente al cargo que ejerció entre 2003 y 2010.

Lula lidera todas las encuestas de intención de voto para las presidenciales del próximo año pero también tiene un índice de rechazo récord y superior a la mitad del electorado.