Así lo recogen las estadísticas suministradas por la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas.

El programa de investigación Reporte Especial, que conduce Julissa Céspedes, aborda el estatus actual de cumplimiento de la declaración de patrimonio, como herramienta matriz para la prevención de la corrupción.

La obligación de los funcionarios a declarar se divide entre los servidores públicos que fueron electos por el voto popular, y los que fueron nombrados mediante decretos presidenciales, estos últimos ascienden a 446 funcionarios y exfuncionarios. La mayoría de los casos de incumplimiento, más de 400, son de exfuncionarios que figuran en cese de funciones, es decir, que ejercían en la gestión pública antes o hasta el 2020.

Por otro lado, hay 30 que fueron juremanentados por primera vez en un cargo público, y a marzo de este año no habían declarado a cuánto asciende su patrimonio, y por último, se identificó a siete servidores que no habían actualizado los datos sobre sus bienes.

Los que no han separado bienes

En la lista figuran funcionarios e instituciones de toda índole, uno de los casos que más llaman la atención es el del presidente del Conadis, Carlos José de Jesús Yunen Bojos, designado mediante decreto en septiembre del 2022, hace siete meses. Es decir, que el presidente, la persona con mayor jerarquía en Conadis, solo por debajo de la presidencia de la República, no ha separado su patrimonio del Estado.

La misma historia se repite con el padre jesuita Jorge William Hernández Díaz, designado en junio del 2021 como presidente del Consejo Directivo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, quien hasta la fecha no había presentado su declaración jurada de bienes.